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Tierras destinadas a víctimas del conflicto serán dadas a particulares por MinAgricultura e Incoder

El predio, en Puerto Gaitán (Meta), tiene 17 mil hectáreas y se debía asignar a 80 familias. Pero en 10 días, y por 50 años, pasará a manos de empresas del sector palmicultor e inversionista.

De hecho, representantes de cuatro firmas -Palmera Santana, Palmasol, Sapuga y Esfinanzas- inspeccionaron hace un mes el terreno (que tiene pista de aterrizaje, aljibes para provisión de agua, decenas de casas, luz, vías internas y potreros con molinos de viento) que en 2004 el gobierno Uribe prometió destinar a su programa de reasentamiento de desplazados por la violencia.
A pesar de que existe un acuerdo (el 005 de septiembre del 2004) en el que quedó establecido que el inmueble sería entregado a familias víctimas de la violencia paramilitar y guerrillera, algunos de esos empresarios volvieron a Bogotá haciendo planes y cuentas para sembrar allí palma, caucho y madera, e incluso para proponerle al Gobierno que les venda el terreno, conocido como Carimagua.
Es más, hay empresas de Malasia interesadas en el negocio.
El sorpresivo cambio de inquilinos del magnífico predio se debe a que, hace siete meses el Incoder decidió entregarlo a privados.
De nada sirvió que ese mismo instituto firmara un contrato con la Fundación de Estudios Económicos Políticos y Sociales (Fundes) para desarrollar en Carimagua el programa de reubicación de desplazados, campesinos y desmovilizados.
Tampoco sirvió que la Gobernación del Meta -cuyo departamento es uno de los más afectados por el desplazamiento, según cifras del propio Gobierno- realizara un estudio y una preselección de familias para que les fuera entregado el terreno.
Movimiento relámpago
El 6 de julio del 20007, el Incoder firmó un acuerdo para cambiarle la destinación al inmueble y, cuatro días más tarde, se expidió la respectiva resolución que, además, le permitió echar a andar una licitación para ceder la tierra hasta el año 2057.
El proceso de adjudicación se inició en diciembre, se cierra este lunes y se adjudica el 21 de febrero próximo.
Ese trámite relámpago de cambio de destinación y de adjudicación contrasta con el de la frustrada entrega a las familias de desplazados, el cual se demoró más tres años sin que diera frutos.
La laxitud del trámite es tan evidente que un mes antes de que el Incoder decidiera cambiarle la destinación al predio, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica) -que cedió Carimagua gratuitamente en el 2004- manifestó su extrañeza por el hecho de que, pasados tres años, el Incoder ni siquiera hubiera enviado a un funcionario para tomar posesión del bien.
En la misma comunicación, Corpoica advierte el riesgo de que un grupo de desplazados se tome el predio, debido, precisamente, al descuido del Incoder.
Efectivamente, poco después de esa carta, Carimagua fue ocupado por varias familias que ahora tendrán que ser expulsadas para darles paso a los privados.
Incluso, en su momento, el Incoder le solicito al alcalde de Puerto Gaitán que tomara las medidas policivas del caso para sacar a los invasores a quienes califica de "personas no determinadas".
¿Puede el Incoder cambiar la destinación de un predio cedido única y específicamente para el programa de reforma agraria para desplazados?
¿Puede un grupo de privados entrar a ocupar Carimagua a pesar de que la Constitución es clara al otorgarle un trato preferencial a los desplazados víctimas de la violencia, debido a su circunstancia de debilidad, vulnerabilidad e indefensión?
La tesis de Minagricultura
El ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, asegura que sí, pues la tesis de su cartera y la del Incoder es que ese predio no tiene infraestructura para recibir a un grupo de desplazados.
En cambio -dice Árias- en manos de los privados, Carimagua generará jugosos dividendos que luego serán reinvertidos en otras tierras para desplazados.
La polémica sobre este predio se produce en momentos en que la Corte Constitucional le volvió a recordar al gobierno Uribe que si bien ha mejorado en su política para los desplazados, sigue incumpliendo en temas tan neurálgicos como el de la entrega de tierras.
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