Para el tribunal, el trámite de la norma en el Congreso quedó viciado, porque se violó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Los magistrados de la Corte consideraron que para la aprobación de la Ley 1021 del 2006 -que fue demandada en su totalidad- no se tuvo en cuenta un convenio internacional de Colombia con la OIT "sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes", en la que se establece esa condición.

"(Los gobiernos) deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente", dice el artículo 6 de dicho Convenio firmado por Colombia.

La Corte aceptó que dicha ley contiene una "regulación integral de la materia" y que establecía previsiones con relación a la autonomía de las comunidades indígenas y afrocolombianas para los aprovechamientos forestales, pero no se les tuvo en cuenta en la discusión.

"Para que hubiese cumplido con el requisito de consulta habría sido necesario poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre cómo las afectaría y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran. Ese proceso no se cumplió", explicó el magistrado Rodrigo Escobar Gil, presidente de la Corte Constitucional.

Una ley muy criticada Durante el debate de dicha ley, aprobada a finales del 2005, la iniciativa fue criticada por ambientalistas, quienes manifestaron que era una norma para fomentar la explotación maderera de empresas en reservas naturales, cuyos dueños eran ancestralmente los indígenas y los afrodescendientes, y no una que fomente la protección de bosques.

Incluso, algunas organizaciones denunciaron que grupos paramilitares en los últimos 15 años han desplazado a miles de personas en las selvas colombianas, para llevar a cabo proyectos agroindustriales en estas regiones.

Sobre la determinación de la alta corporación, el ministro de Ambiente, Juan Lozano, manifestó que se seguirán con las iniciativas para proteger los bosques y anunció que buscarán nuevas normas.

Como lo hicieron los ambientalistas, la Organización Nacional Indígena (ONIC) aplaudió el fallo y manifestó que desde el principio del debate "habíamos dicho que violaba nuestros derechos como comunidad".

Hablan Gobierno, expertos e indígenas Juan LozanoMinistro de Medio Ambiente"No conozco el texto, pero respeto la decisión de la Corte. Insistiré en la protección del bosque. Ahora buscaré la aprobación de otras normas que nos permitan aprovechar el potencial de reforestación que tiene Colombia; con responsabilidad ".

Manuel RodríguezEx ministro de Medio Ambiente"Siento que en su momento no me hubieran puesto atención, porque advertimos de su inconstitucionalidad. Siempre me preocupó que la ley veía el bosque como un producto comercial y no como un depósito de biodiversidad".

Luis Evelis AndradeConsejero Mayor de la ONIC "Aplaudimos el fallo. Nosotros siempre criticamos que esa ley atentaba contra nosotros y desconocía los derechos como comunidad. Era entregar las tierras a las multinacionales".

REDACCIÓN JUSTICIA