Se estima que en el país hay 1,2 millones de armas legales y que por cada una de ellas podrían existir entre 6 y 7 ilegales, muchas de ellas comprometidas en crímenes.

Este año se registran 687 homicidios con armas de fuego cometidos en Bogotá, de los cuales la gran mayoría involucró un arma sin registro legal, según el Observatorio de Seguridad del Distrito.

Un estudio elaborado por el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac) entre el 2003 y julio del 2006, de las 213.219 armas incautadas en el país -según reportes de la Policía-, la distribución entre legales e ilegales era casi la misma: 116.419 tenían permiso para su porte, 94.891 eran ilegales y 1.909 contaban con permiso de tenencia.

Como quiera que sea, lo cierto es que la proliferación de armas de fuego en la ciudad, entre legales e ilegales; hechizas u originales, tiene alarmados a expertos como Elkin Velásquez, consultor de Naciones Unidas para el Hábitat y asesor en temas de seguridad urbana.

Él coordina un trabajo en el que se presentan los retos en seguridad para la ciudad y asegura que uno de los principales factores de riesgo para los bogotanos en el futuro es la proliferación de armas ilegales.

El mismo informe del Cerac señala que es notable el aumento de armas sin permiso empleadas en la comisión de delitos: de 2,22 por ciento en el 2003, se pasó a 10,6 por ciento en el 2006. Y del total de delitos cometidos con arma de fuego en el mismo lapso, el 81 y 83 por ciento de los casos corresponden a homicidos colectivos e individuales, respectivamente. "Las armas de fuego sí están relacionadas con los delitos de mayor impacto en el país", dice el informe.

Pese a que las estadísticas muestran que ha habido una disminución en el número de homicidios en Bogotá con armas de fuego (se pasó de 1.064 en el 2003 a 837 en el 2007, según el Cerac), en términos porcentuales estos artefactos siguen siendo los principales protagonistas en la comisión de homicidios, con el 61,7 por ciento de los casos, según datos proyectados por la Policía a 2007 (en Medellín es el 73 por ciento y en Cali de 84 por ciento).

Todas estas razones son las que han vuelto a poner sobre el tapete el debate acerca de la necesidad de que sean los alcaldes quienes tengan la potestad de restringir el porte de armas. Un proyecto de ley en ese sentido ya hace tránsito en el Congreso de la República.

El mercado ilegal de armas La mayoría de las armas ilegales que se comercializan en Bogotá son traídas de países como Israel, España, Bélgica y Francia. El resto pertenece a la industria nacional.

Velásquez agrega que en todo proceso de desmovilización, como en el de los paramilitares, hay armas que no se entregan y que podrían estar ingresando al mercado ilegal del país, incluyendo Bogotá.

Jorge Restrepo comparte la teoría de que existen miles de armas que no se entregan, pero aclara que la mayor parte de éstas son tipo fusil, por lo que estarían quedándose en manos de los grupos armados en zonas rurales. "Es posible que las armas cortas sí estén entrando al mercado negro de la ciudad", precisa Restrepo.

Los centros de acopio de Bogotá, como Corabastos, son los puntos hasta donde llegan las armas traídas desde el exterior. Según las autoridades, las cargan en los camiones que vienen procedentes de las fronteras de Colombia.

El valor de un arma varía. Según el grupo de Armas Ilegales, un revolver que vale 2 millones de pesos con sus papeles en regla, puede conseguirse en 300 mil; una pistola 9 mm que cuesta 7 millones, se consigue en un millón y una subametralladora, que supera los 9 millones, se consigue en un millón y medio de pesos.

Irónicamente, el hombre que accionó el revólver contra su esposa, en Kennedy, era uno de los tantos bogotanos que andan armados ilegalmente y argumentan -según las autoridades- que utilizan este recurso para la defensa de sus bienes o de sus seres queridos; pero en este caso, bastó una discusión con su mujer para que el arma ocasionara una tragedia.

Críticas a la restricción La participación de armas sin salvoconducto en homicidios y delitos cometidos en la ciudad, le hace pensar a Nicolás Uribe, representante a la Cámara por Bogotá, que de poco sirve la iniciativa del Distrito y otras nueve alcaldías del país radicada la semana pasada en el Congreso que busca darles la facultades a las administraciones para restringir su porte.

En su opinión, esa potestad la tienen solo las Fuerzas Armadas, conocedoras de los problemas de orden público.

Para él, lo que se debe hacer es acabar con el porte ilegal, "contra lo que no se hace nada, a pesar de que ocasionó el 93,7 por ciento de los homicidios con arma de fuego en Bogotá, entre enero y abril del 2007"; opinión que no comparte Elkin Velásquez, consultor de Naciones Unidas, quien a través de su trabajo ha podido establecer que entre más armas hay en manos de los ciudadanos, sin importar su procedencia, más criminalidad se genera.

Para él, facultar a los alcaldes para que determinen quién puede portar armas, les permitiría a las autoridades concentrar su trabajo en la incautación del armamento ilegal.

Uribe alega que el proyecto tiene fallas, porque al dejar la facultad del porte de armas en manos de las autoridades locales, una persona, por ejemplo, que porte un arma con permiso y quiera trasladarse a otro municipio donde el alcalde las tenga restringidas, le acarreará un problema.

Y agrega que en Bogotá, una ciudad donde el número de policías no cumple las expectativas de seguridad porque no es suficiente, algunas personas tienen el derecho de defenderse portando armas.

Actualmente, cuando una persona quiere comprar un arma, debe acudir a los almacenes de Indumil, ubicados en las brigadas del Ejercito, y debe demostrar que tiene necesidad defenderse de alguna amenaza latente.

Pero lo que le interesa al Distrito es dejar el monopolio de las armas en manos de las autoridades, que deben velar por la seguridad de los bogotanos, y seguir reduciendo los homicidios. Algo que cree haber logrado gracias, en parte, a sus campañas de desarme.

Para la muestra, un botón: en el 2003 las armas de fuego estuvieron involucradas en el 66,7 por ciento de los homicidios que se cometieron, mientras en el 2007 su participación se redujo al 61 por ciento.

Uribe también ha cuestionado los requisitos que el proyecto de ley quiere sumarle a la expedición de un arma de fuego, pues considera que es inconstitucional prohibirles a jóvenes entre 18 y 25 años que saquen un permiso.

MAURICIO JARAMILLOREDACTOR DE EL TIEMPO