El personero de Carlosama (Nariño) dijo que unos 2.000 campesinos se afectarían porque dependen del comercio para subsistir.

Tras una inspección en cabeza del gobernador de la provincia de El Carchi, Efrén Benavides, las autoridades ecuatorianas iniciaron el cierre de los caminos que unen a los sectores de La Pintada, Cuatro Esquinas y Río Carchi, en Ecuador, con veredas de los municipios de Ipiales y Carlosama, en Colombia.

Hombres del ejército ecuatoriano custodian a las cuadrillas de obreros encargadas de poner las barricadas de piedra para frenarles el paso por estos lugares a los contrabandistas.

La decisión sorprendió en pleno empalme a los alcaldes saliente y entrante de Carlosama, una localidad del sur de Nariño.

"Oficialmente nadie nos informó sobre la decisión y en honor a la verdad no sabemos a quién dirigirnos", dijo el alcalde Julio Cabrera, quien ayer se alistaba a verificar de qué modo se iba a cerrar el paso a los mercados que surten a los hogares de este municipio de 9.000 habitantes, de mayoría indígena.

El personero de Carlosama, Rafael Cabrera, aseguró que los más afectados son unos dos mil pobladores de las veredas San Francisco y Río Carchi, pues los cultivos de papa, maíz y algunos de pancoger no son suficientes para el autoconsumo.

"Es necesario que el gobierno ecuatoriano mire los efectos sociales", dijo.

Una historia de incidentes

Pero no es la primera vez que la medida es adoptada en la frontera.

Hace tres años se hicieron zanjas en las tres vías para impedir el paso de vehículos, pero los contrabandistas se encargaron de taparlas.

Hasta ahora las autoridades ecuatorianas han identificado 22 pasos, clasificados como clandestinos. Fuentes de inteligencia militar han indicado que por estos caminos también se ha detectado el tráfico de munición y armas camufladas entre las mercancías.

A mediados de noviembre, contrabandistas de los dos países se enfrentaron con la Policía de Ecuador en el sector de El Salto, otro paso ilegal en Carlosama. Con piedras y palos los contrabandistas trataron de impedir el decomiso de cilindros de gas. En esa oportunidad siete colombianos fueron capturados.

"Es una medida necesaria para frenar el contrabando de combustibles, mercancía y tubérculos. Se tomó previa consulta al Ministerio de Gobierno. Las quejas son numerosas especialmente de agricultores que están trabajando a pérdida", insistió el gobernador de El Carchi.

Según el funcionario ecuatoriano, unas 400 familias ecuatorianas en la zona fronteriza viven del contrabando.

"Los campesinos de los dos países se están volviendo contrabandistas. Es más rentable que la agricultura, y los comerciantes no tienen una cultura de legalizar los productos a pesar de que hay una oficina aduanera", agregó.

Se estima que unos 60 camiones diarios cargados con de 300 bultos de papa colombiana ingresan a diario por las diferentes trochas. Muchos se comercializan hasta en Quito. En promedio un quintal de papa (50 kilos) se comercializa en 7 ó 9 dólares, pero la que llega de contrabando se vende a 3 dólares.

Los efectos son devastadores para cerca de 3.000 familias que viven de ese tubérculo.

Según Luis Ernesto Chávez, presidente de Fendipetroleo, cerca de 8.000 millones de pesos anuales dejan de percibir los municipios que se localizan en el límite con el Ecuador debido al contrabando de combustible.

"Los municipios no pueden adelantar obras prioritarias por la falta de recursos de la sobretasa", precisó Chávez.

IPIALES