Se creía que eran 4,5 millones de personas las que ganaban ese ingreso mensual, pero los datos de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (Pila) revelan que son 1'936.604 trabajadores.

De acuerdo con estas cifras, la propuesta de aumentar este salario en 5,6 por ciento hecha por los empresarios y la petición de las centrales obreras de que aumente en 11 por ciento de las centrales obreras, que discuten actualmente la Comisión de Concertación Salarial (CCS), solo tendrán efectos directos en un reducido grupo de trabajadores.

Sin embargo, el incremento que se decida será la referencia para los aumentos en el resto de asalariados.

La Pila ha servido para combatir la evasión y elusión de cotizaciones a la seguridad social (salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Sena y cajas de compensación familiar), pues obliga a que la base del ingreso sea la misma para cada uno de los subsistemas.

No obstante, no todos los ocupados, 19'403.000 en octubre, según el Dane, están afiliados a la seguridad social paga. Es más: la mayoría está por fuera de este sistema contributivo y está inscrito, para el caso de los servicios de salud, en el régimen subsidiado. La informalidad, 56,6 por ciento en abril-junio, le sirve de refugio.

Basta señalar que las planillas de octubre, con todo y que sus cifras son preliminares, solo reportan 4'705.690 cotizantes activos a pensiones (se excluyen los pensionados porque solo aportan a salud), que todavía siguen estando por debajo de los 8,3 millones de trabajadores que el Dane clasifica como vinculados al sector privado y al Gobierno y que, en principio, todos deberían estar afiliados a la seguridad social. De paso, esto reafirma el hecho de que todavía hay muchos empresarios que le sacan el cuerpo al cumplimiento de sus obligaciones con la seguridad social.

De otro lado, es necesario señalar que una pequeña parte de quienes figuran como ocupados en las encuestas de hogares del Dane no cotizan a la seguridad social a través de la Pila, sino que todavía hacen uso del formulario de papel. Estos, según el Ministerio de la Protección Social, suman alrededor de 800.000 y muchos corresponden a nóminas de empresas con menos de 20 trabajadores, madres comunitarias, algunos independientes y afiliados adicionales (que no forman parte del núcleo familiar del cotizante).

Un trabajo de Ricardo Bonilla, del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID), de la Universidad Nacional, indica que en el 2005 alrededor del 15 por ciento de los asalariados urbanos ganaba menos de la mitad de un salario mínimo, proporción que subía al 54 por ciento para los trabajadores por cuenta propia o independientes.

Aun suponiendo, con mucha dificultad, que todas esas 800.000 personas devengan el salario mínimo y se les suman los 1,9 millones mencionados, la cuenta escasamente supera los 2,7 millones de trabajadores con este ingreso.

¿Significa lo anterior que es una buena noticia que no haya tantos asalariados -los imaginarios 4,5 millones- que ganan el mínimo, como se estila desde hace varios años, y sobre los cuales caen directamente los efectos de un aumento acordado por la CCS o por un decreto del Gobierno? La información del Ministerio de la Protección Social no deja mucho espacio para esa percepción: el número de cotizantes a pensiones, cuya base de aportes debe ser igual para los demás subsistemas de la seguridad social, comienza a caer aceleradamente desde el primer rango (1 salario mínimo), llegando a apenas 7.716 personas que ganan más de 25 salarios mínimos (10'842.500 pesos mensuales).

Así, por ejemplo, 1'491.342 trabajadores devengan más de 1 y menos de 2 salarios mínimos, es decir, entre 433.701 y 867.400 pesos mensuales, suma que, de acuerdo con las centrales obreras y la Escuela Nacional Sindical, no alcanza para comprar la canasta familiar de los hogares de ingresos bajos cuyo costo calculan en más de 900.000 pesos.

No sobra recordar que un hogar de cuatro miembros se considera pobre si sus ingresos mensuales están por debajo de 1 millón de pesos.

Los empresarios, por su parte, se quejan porque los 433.700 pesos de un salario mínimo se aumentan hasta 746.377 pesos (72 por ciento más) por cuenta de los parafiscales, aportes a la seguridad social y otras prestaciones de los trabajadores.

Incluso, una de las justificaciones a la propuesta del 5,6 por ciento es la de no encarecer el salario para evitar la pérdida de empleos formales y un nuevo aumento de la informalidad.