Colombia ha solicitado a los jueces que declaren terminado el conflicto marítimo con Nicaragua, al argumentar que la CIJ no tiene competencias en este caso, lo cual es rechazado por el gobierno nicaragüense.

En el litigio que Nicaragua elevó en 2001 ante la Corte contra Colombia, ambos países se juegan la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, los cayos y demás áreas insulares y marítimas, una zona rica en recursos petrolíferos.    

Bogotá niega la existencia del problema, pues considera que la frontera entre los dos países quedó fijada en el tratado Esguerra-Bárcenas de 1928.    

Managua, que considera inválido ese tratado porque se adoptó cuando Nicaragua estaba invadida por tropas estadounidenses, insiste en la existencia del litigio y asegura que muestra de ello es que después de 1930 han tenido lugar negociaciones bilaterales entre los dos países para intentar resolverlo.    

Managua basó su denuncia en el artículo 31 del Pacto de Bogotá de 1948, en el que los dos países se comprometieron a reconocer la competencia de la CIJ en la resolución de conflictos relacionados con el derecho Internacional o la interpretación del Tratado.

Colombia niega la validez de este artículo como base legal de la denuncia de Nicaragua, donde argumenta que el citado pacto también dice en su artículo 6 que no puede aplicarse en temas que ya han sido solucionados en tratados anteriores.    

Además, invocando el artículo 44 del Pacto de Bogotá, Colombia pide a la CIJ que declare "terminado" el conflicto de naturaleza marítima en juego, que para este país ya está solventado desde 1930.    

Con este contencioso, Managua busca que la CIJ le reconozca la soberanía sobre unos 50.000 kilómetros cuadrados en el mar Caribe.