La captura de Humberto Montaña Valencia, Sindy Juliana Tumay Cuevas y Adriana Brigitte Vega Poveda, las tres personas que tenían las pruebas de supervivencia en su poder, se gestó desde hace 15 días.

Tras la captura en Bogotá de algunos miembros importantes de la Red Urbana Antonio Nariño (Ruan), de las Farc, un grupo especial de miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con el apoyo de hombres de Inteligencia del Ejército, les seguía el rastro.

La interceptación de algunas llamadas telefónicas y correos electrónicos les dio valiosas pistas.

El jueves pasado, el cuerpo especial de agentes tuvo información de que los sospechosos al parecer iban a realizar un acto terrorista en la capital y para ello se reunirían en la avenida Primero de Mayo con avenida Boyacá, en el suroccidente de Bogotá.

Para identificarlos, los agentes solo tenían algunas de las características físicas de quienes asistirían. Los investigadores se distribuyeron por todo el sector y hacia las 6:30 de la tarde los ubicaron y los detuvieron.

La sorpresa fue grande: no les hallaron armas ni elementos que pudieran involucrarlos en acciones ilegales. Pero tras requisarlos, encontraron cinco discos compactos, una memoria USB, y cartas, que luego serían la clave para vincularlos a un proceso.

Una vez los trasladaron a la Fiscalía, analistas del CTI descubrieron que en esos discos, la memoria y las cartas reposan las pruebas de supervivencia de los secuestrados que las Farc pretenden canjear por guerrilleros presos.

Las mismas que esperaron en vano el presidente Hugo Chávez y la senadora Piedad Córdoba, cuando sirvieron de facilitadores para el intercambio humanitario.

Con esa 'bomba' en las manos, los detenidos fueron llevados al complejo judicial de Paloquemao, donde un juez de garantías legalizó la captura por secuestro y rebelión. Ellos sostienen que son inocentes y que no pertenecen a las Farc.

Esta vez, por la naturaleza de las pruebas, el propio fiscal Mario Iguarán se vio obligado a hacer una excepción: pedirle al juez de garantías que rompiera la cadena de custodia por "razones humanitarias", y entregar a los familiares de los secuestrados los videos y las cartas.