El presidente del tribunal, magistrado Gustavo Aponte, sostuvo que los presidentes de las cortes Suprema y Constitucional caerían en posible responsabilidad disciplinaria tras elegir a Sánchez.

El magistrado Gustavo Aponte reveló que Sánchez no se declaró inhabilitado para participar en el concurso para la selección del Registrador Naconal del Estado Civil, al recordar que en ese momento se encontraba en deuda con el Estado por una condena que se le impuso por el despido irregular de una funcionaria de la Contraloría Distrital.

Aponte explicó que Sánchez presentó una declaración juramentada ante Notaría de no estar inhabilitado, por lo que habría cometido una nueva falta y es la de mentir bajo la gravedad de juramento.

El posterior pago de la sanción no subsana esa irregularidad, según Aporte.

Por esa razón no firmó el comunicado de las altas cortes que anunció la elección de Carlos Ariel Sánchez y dejó un salvamento de voto explicando los motivos de su oposición.

Sánchez fue proclamado hace tres días como nuevo jefe de la Registraduría Nacional del Estado Civil, un poderoso ente que maneja 190 mil millones de pesos de presupuesto y más de 3 mil empleos directos.

El abogado rosarista obtuvo 940 puntos en el examen y en la entrevista que le realizaron los presidentes de la Cortes Suprema y Constitucional y el del Consejo de Estado; mientras que sus competidores, el actual registrador, Juan Carlos Galindo, y el viceministro de Justicia, Guillermo Reyes, solo alcanzaron 895 y 874 puntos respectivamente.

Historia de la sanción contra Sánchez Efectivamente, el 4 de octubre del 2006, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca lo condenó a pagar 41 millones de pesos por los perjuicios que le causó a la Contraloría Distrital cuando, siendo su cabeza, despidió de manera irregular a la funcionaria Esperanza Garzón.

Aunque Henry Villarraga, abogado del nuevo registrador, se acercó hace un par de semanas a la Contraloría para pedir que le liquidaran la deuda de su cliente, que ya va en 49 millones, el hecho de no haberla pagado antes de la elección podría dejar viciado el nombramiento.

Quienes se inclinan por esta lectura citan el artículo 122 del Código Penal según el cual ninguna persona puede ser elegida servidora pública si contra ella pesa una condenada por efectos de su oficio.

Y el mismo artículo de la Constitución agrega que tampoco pueden acceder a cargos públicos aquellas personas cuya conducta haya llevado a que el Estado fuera condenado a una reparación patrimonial. En ambos casos se contempla como única salida para subsanar el impedimento, pagar los perjuicios, cosa que Sánchez aún no ha hecho.

Era una simple deuda, dice abogado de SánchezPero hay otra interpretación legal, no tan amplia, que advierte que esta inhabilidad tan solo procede en eventos en que medie una condena penal y no una civil, como en el caso del nuevo Registrador.Por supuesto, así lo cree Sánchez y su abogado.

"Aquí no se puede invocar un asunto penal. Se trata de una simple deuda producto de un posible error en desarrollo de la actividad administrativa, donde no hubo ningún tipo de conducta punible", aseguró Villaraga, el abogado defensor de Sánchez.Villaraga agregó que un fallo del 2003 de la Corte Constitucional dejó claros los alcances de estos procesos y que por lo tanto Sánchez no tenía ninguna inhabilidad.

También dijo que la decisión del Tribunal que lo condenó a pagar la multa fue entutelada ante la Corte Constitucional. "El fallo fue dividido y hubo salvamento de voto, y como no había segunda instancia, por la cuantía, el doctor Sánchez decidió recurrir a la tutela". Por último, afirmó que durante la gestión de Sánchez como contralor tuvo que despedir a más de 2.000 personas y que el único caso que ha prosperado es este. Procesos pendientesEn cualquier caso, el salvamento de voto de Aponte no solo puede dejar un tufillo de ilegitimidad en la elección de Registrador -la primera que se hace por concurso de méritos- sino que además podría abrir las puertas para eventuales demandas.Anoche, tras conocer la posición de Aponte, el presidente de la Corte Constitucional, Rodrigo Escobar, dijo que se escogió al que quedó de primero en la lista, porque era el mejor: "Además, en los documentos no existe causal de inhabilidad para elegir a Sánchez".Por ahora, el registrador Sánchez, que se posesionará en enero, afronta siete procesos más heredados de su paso por la Contraloría Distrital entre 1992 y 1994.En todos, la Contraloría ya fue condenada -por cerca de 800 millones- y sus directivos ya iniciaron las acciones de repetición contra Sánchez. Y aunque el nuevo Registrador solo ha sido vencido en un juicio, la Contraloría tiene apelados los otros fallos, casi todos ante el Consejo de Estado.Abre puertas para demandas Una fuente cercana al magistrado Gustavo Aponte, presidente del Consejo de Estado, calificó de "profunda" la diferencia que el jurista tiene con los presidentes de las cortes Constitucional y Suprema frente a la elección del nuevo Registrador, Carlos Sánchez.La fuente le confirmó a EL TIEMPO que el principal argumento de Aponte es que contra Sánchez "hay un juicio ejecutivo que tiene una trascendencia muy grande desde el punto de vista legal. Como no ha pagado lo que dice la sentencia, se genera la inhabilidad", dijo.Agregó que, para Aponte, este punto abre las puertas para que el nombramiento sea demandado. No obstante, la decisión final la tienen las otras dos cortes, que podrían o no adoptar el punto de vista de Aponte. El Consejo de Estado aclaró que, como lo dice la ley, la posición en la elección del Registrador la toma solo el presidente del tribunal y no los 27 magistrados en consenso.

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