Jornaleros, empleados, comerciantes y hasta funcionarios públicos que resultaron afectados por 'cadena millonaria' intentaron un linchamiento que obligó a la Policía a intervenir.

Tras la protesta, la empresa Red Line, que estaría registrada, prometió de cumplirles a sus clientes, pero también les pidió que paguen sus cuotas pendientes.

Las 'cadenas', que se presentan como 'futuro en red', son comunes en Putumayo, donde escasean los bancos y no hay muchos puntos de inversión, en medio del recelo por el manejo de dineros del narcotráfico.

22 oficinas en 9 municipios de Putumayo ofrecen 'cadenas', de 100 a 110 mil pesos. En una sola localidad hay cinco. El comandante de la Policía Putumayo, coronel Hárold Martín Lara, dice que se ha procurado atender las quejas pero existe un vacío en la normatividad, aunque se ha dirigido a la Superintendencia Financiera y a la Fiscalía para tratar los asuntos.Las denuncias de estafa no se han concretado y ayer se reportaba que una de las vendedoras del negocio había elevado una denuncia por amenazas. El coronel dijo que "estamos verificando si Red Line tiene permiso de la Superintendencia porque tienen oficinas en municipios como Puerto Caicedo, Puerto Asís y La Hormiga, en el Valle del Guamuez".Magred Flórez, personera del Valle del Guamuez, dijo que es una 'cultura' en estas regiones. "Hasta hora conocemos que de cinco oficinas de Red Line en esta ciudad una no ha cumplido y es manejada por una señora a la que se le ha llamado a responder ante la comunidad. De las demás no se han reportado quejas".No es un rollo nuevo en Putumayo, un departamento con solo 40 kilómetros pavimentados y que ha visto el brillo y la crudeza del negocio del narcotráfico.En abril pasado la Superintendencia Financiera le ordenó al grupo DMG devolver unos 18.000 millones de pesos captados a 12.641 personas en todo el país desde el 2005. El sistema, en ese caso, consistía en 'tarjetas prepago' con las cuales se podían comprar a mejor precio los productos de esa empresa, incluidos artículos naturales hasta electrodomésticos. La Superintendencia advirtió que se trata de captación ilegal de fondos con el incentivo de intereses muy superiores a los del sistema financiero.

CALI Y PASTO