La colectividad retiró su apoyo al proyecto del Gobierno que buscaba dar tratamiento de delito político al concierto para delinquir simple, conducta que cometieron quienes pertenecieron a los 'paras'.

La bancada de 'la U', reunida en la mañana de hoy, le notificó su decisión al ministro del Interior, Carlos Holguín y al viceministro de Justicia, Guillermo Reyes.

El proyecto del Gobierno, que tiene mensaje de urgencia, busca solucionar la situación de 19 mil paramilitares rasos desmovilizados de las Auc. Actualmente está radicado en las comisiones primeras de Senado y Cámara.

"Si la Corte dijo que el concierto para delinquir simple no es delito político, para qué le vamos a decir que sí", señaló el presidente de la colectividad, el senador Carlos García, García.

En cambio, 'la U' radicó una ponencia diferente al proyecto del Gobierno, en la que reconocería únicamente el concierto para delinquir simple a los 19 ex 'paras rasos', pero no les da caracter político.

No obstante, el ministro Holguín dijo que el proyecto no está derrotado, pues la propuesta original del Gobierno era solo "re-tipificar" el concierto para delinquir simple para que cobijara a los19 mil ex 'paras' rasos. "Al Gobierno le sirve esa ponencia", dijo Holguín.

La ponencia mayoritaria que impulsa el senador Hernán Andrade, considerada como la misma del Gobierno, incluye un artículo que considera como delito político el concierto para delinquir simple.

El proyecto está "congelado" en las comisiones primeras de Senado y Cámara y adportas de fracasar, si persiste la división de la bancada de Gobierno sobre los alcances de la iniciativa.

Reforma a la Constitución En lugar del proyecto de ley, 'la U' presentará una reforma constitucional.

Según explicó García, la reforma a la carta política busca establecer los alcances de los procesos de paz, la definición del delito político y darle esas facultades al Gobierno, que serían por un tiempo limitado.

"Más que definir qué es delito político, el proyecto de la reforma constitucional establecería una autorización para adelantar procesos de paz con beneficios a grupos ilegales alzados en armas. Como la Constitución es norma de normas, ya eso del delito político queda superado", dijo García a EL TIEMPO.

De esta manera, precisó García, quedaría subsanado el enfrentamiento que se produjo entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia, debido a que el alto tribunal advirtió que las actividades de los paramilitares no podían considerarse como un delito político sino como un concierto para delinquir.

García precisó que las facultades que hoy tiene el Gobierno para adelantar procesos de paz están contenidos en la Ley 418 de orden público, pero sólo se le otorgan beneficios como el indulto y la amnistía a los grupos guerrilleros. Con una reforma constitucional, estos beneficios serían también para todo integrante de grupos alzados en armas, incluidos los paramilitares.

"El debate tiene que ser franco, de frente al país y a fondo", señaló García.