Por esos casos, el país había tenido líos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ocho casos fueron resueltos en menos de tres meses.

En un noveno proceso, el único detenido fue absuelto y la investigación cambió de curso.Este es el balance de la unidad especial integrada por tres jueces y 23 fiscales especializados, que desde agosto pasado empezó a ocuparse del tema y que recibió un paquete inicial de 25 casos de asesinatos y atentados contra trabajadores agremiados.

La unidad concluyó que en cinco de los nueve expedientes evacuados los sindicalistas fueron asesinados por su actividad gremial.

La más reciente decisión se produjo el viernes pasado: la condena a 40 años de prisión contra los ex jefes 'paras' Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, y contra Úber Banquez Martínez, 'Juancho', por la muerte en el 2001 de Aury Sará Marrugo, presidente de la Unión Sindical Obrera (USO) en Cartagena.

En el paquete de casos resueltos está la muerte de tres sindicalistas en Arauca en el 2004, presentada por militares como resultado de un enfrentamiento. Un subteniente, tres soldados y un civil fueron condenados a 40 años por el asesinato de los activistas.

Uno fue un atraco En los casos de violencia contra los sindicalistas pesa, y de manera importante, la delincuencia común.

Hasta ahora, los jueces han encontrado que en cuatro de esos asesinatos los móviles nada tuvieron que ver con la actividad de las víctimas. En uno de los casos más sonados, el del sindicalista de la Drummond Manuel Charris, los asesinos eran 'fleteros' que lo abordaron cuando salió de un banco en Soledad (Atlántico).

Otros 16 procesos -entre ellos el de los tres sindicalistas de la Drummond que llegó a una corte de Estados Unidos- están para fallo.

A pesar de este esfuerzo y de que a su trabajo está amarrado el ambiente para la aprobación del TLC en Estados Unidos, fiscales y jueces tienen frente a ellos una montaña de expedientes represados que apenas empiezan a llegar a sus manos.

En los próximos meses tienen que desempolvar 1.374 denuncias que hay ante el Comité de Libertad Sindical por violencia en Colombia en los últimos 13 años.

Lo mataron por robarle 1'300.000 pesos en Atlántico La muerte de Manuel Enrique Charris Ariza, sindicalista de la Drummond, fue denunciada ante la OIT por violación de derechos sindicales.

El asesinato de Charris Ariza ocurrió a mediodía del 11 de junio del 2001.

Salía de un banco, del barrio Villa Sevilla de Soledad (Atlántico), de donde sacó 1'300.000 pesos en efectivo.

Cuando regresaba a su residencia en compañía de su compañera Eudalia María del Socorro un hombre y otra persona que se movilizaban en una moto Yamaha, de placas DT 125, de color azul con blanco, intimidaron a los dos con un arma de fuego.

Uno de ellos le arrebató el bolso a Eudalia. En ese momento Manuel Enrique trató de repeler el ataque, presentándose un forcejeo, por lo que el asaltante le propinó un disparo.

El herido fue trasladado a la Clínica la Pradera, del municipio de Soledad, donde falleció.

Durante la investigación, se encontró que en el crimen participó Erwin Arturo Pérez Díaz, conocido como el 'Pollo', quien fue el que suministró a los otros delincuentes la información relacionada con el retiro del dinero por parte del sindicalista Manuel Enrique Charris.

Pérez fue condenado por el juzgado especializado a 26 años de prisión.

Otro tipo de casos, también, han sido resueltos por los juzgados especializados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Uno de estos procesos es el de Eufracio Emilio Ruiz, quien fue víctima de amenazas realizadas a sus hijos vía telefónica, situación respaldada por las advertencias que le hicieran terceras personas sobre el peligro que estaba corriendo su vida.

Por este caso fue condenado Rubén Jairo Pasos Díaz a 15 meses de prisión.

Centrales dicen que aún hay riesgo Aunque los principales sindicatos del país ven con buenos ojos el funcionamiento de la unidad de fiscales y jueces especializados para los casos de violencia contra sus afiliados, aseguran que todavía hay impunidad y que faltan resultados en seguridad.

Jaime Gamboa, presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), dice que las investigaciones ratifican que "los paramilitares están detrás de la mayoría de los crímenes contra sindicalistas en el país", pero asegura que falta llegar a los autores intelectuales de esas muertes.

Según el dirigente sindical, las amenazas continúan. Un informe que prepara la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que será revelado en los próximos días, asegura que hubo 2.832 casos de asesinatos de líderes y trabajadores sindicalizados entre 1986 y el pasado 7 de agosto.

"Aún hay impunidad en los casos contra sindicalistas, porque pocos se atreven a denunciar. La mayoría de situaciones se vive en el campo, donde hay miedo. Se ha aumentado el desplazamiento", dice Witney Chávez, presidente del sindicato de maestros Fecode.

La Nación, a pagar $ 633 millones La Nación fue hallada responsable por la muerte del profesor y dirigente sindical de la Universidad Popular del Cesar Luis José Mendoza Manjarrés.

El crimen ocurrió hace 5 años luego de que el sindicalista fue amenazado, tras denunciar irregularidades y corrupción en ese centro educativo.

Aunque acudió a la Oficina de Protección de Testigos de la Fiscalía, le negaron la solicitud.

Por eso, el Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar halló administrativamente responsable a la Nación representada en la Fiscalía, la Policía y el DAS.

El juez condenó a la Nación a pagarle a la familia del sindicalista por daños y perjuicios más de 633 millones de pesos.

El despacho judicial dispuso que por perjuicios patrimoniales, debido a que el activista sostenía el hogar compuesto por esposa e hija, la Nación debe pagar por lucro cesante consolidado más de 179 millones de pesos y por lucro cesante futuro una cifra que supera los 268 millones de pesos.

El juzgado determinó que aunque la Fiscalía reconoció el grave riesgo de Mendoza, no tomó medidas para protegerlo.

Casos que vienen para los jueces de la OIT Entre los procesos que vienen para estos juzgados de descongestión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) están:.

En próximos meses llegarían a estos juzgados las denuncias por muertes de sindicalistas de la carbonera Drummond.

Hoy, en audiencia pública, se definirá el caso de la muerte de Abigail Girón, del sindicato Aica.

La muerte del líder sindical Julio Alfonso Poveda Guata, miembro de la Federación Cooperativas Agropecuarias. Por este caso hay cuatro personas capturadas.

Está para fallo el homicidio del profesor Max Rafael Villa García, por el que hay cuatro personas detenidas.

Está pendiente el caso de la muerte de Juan Carlos Ramírez Rey, miembro de AseInpec, por el que hay dos capturados.

Mancuso y C. Castaño, tras crimen que paró refinería de Cartagena El 30 de noviembre del 2001, Aury Sará Marrugo, presidente de la USO en Cartagena, y su escolta, Enrique Arellano, fueron interceptados por seis hombres fuertemente armados en el sector San Fernando de esa ciudad.

Los secuestraron. Tres días después, vía Internet, las Auc enviaron un comunicado en el que decían que Sará Marrugo era miembro activo del Eln y que lo entregarían en un campamento al entonces Alto Comisionado para la Paz, Camilo Gómez.

Los 'paras' no cumplieron su palabra. El 5 de diciembre aparecieron los dos cuerpos en el corregimiento La Pava (Bolívar). Marrugo tenía signos de tortura en el estómago, al parecer con un elemento caliente, y dos balazos. Arellano tenía dos impactos de bala en la cabeza.

Los cadáveres tenían encima un cartel: "Auris Sará Marrugo, comandante Jaime Bancayon Bateman del Eln- A.U.C. - Estamos cumpliendo". La camioneta en la que se transportaban, que era de la USO, apareció incinerada en la finca El Trébol.

Por este asesinato se detuvo la refinería de Ecopetrol en Cartagena por varios días y el gobierno del presidente Andrés Pastrana enfrentó una fuerte reacción de los sindicatos del país.

Casi seis años después, el viernes de la semana pasada, un juez determinó que los que planearon y ordenaron los asesinatos fueron los jefes 'paras' Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. Otro miembro de las Auc, Úber Banquez, alias 'Juancho', fue condenado como ellos a 40 años de prisión por los delitos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir, daño en bien ajeno y toma de rehenes.

En una de sus primeras versiones ante los fiscales de Justicia y Paz, Mancuso había admitido su responsabilidad en la muerte del dirigente de la USO en Cartagena.

El juez del caso aseguró que no tiene información respecto de que los hechos estén siendo investigados por Justicia y Paz y procedió a dictar sentencia. Sin embargo, el 'para' no pagará más de 8 años por este crimen.

REDACCIÓN JUSTICIA