Con el informe, los juristas presentaron un video de una hora y 10 minutos en el que aparecen testimonios de 60 personas, incluídos el ex presidente Belisario Betancur, el ex comandante del M-19 Antonio Navarro, militares, sobrevivientes, familiares de las víctimas, investigadores y periodistas.

El informe (que según aclara en su inicio tiene solo propósitos históricos y no jurídicos) señala que el primer responsable es el M-19 como autor material de la toma (operación que paradojicamente llamó 'Antonio Nariño por los derechos humanos') en la que tomó como rehenes a "integrantes del poder judicial con cerca de medio millar de personas que a las 11:40 de la mañana se encontraban indefensas".

Es también responsable "porque irrumpió en el Palacio asesinando a los vigilantes al igual que al desarmado administrador Jorge Tadeo Mayo Castro cuando buscaba refugio".

El informe dice que a pesar del gesto humanitario de Andrés Almarales, comandante operativo de esa acción, al permitir la salida de mujeres y heridos, esta acción no atenúa la responsabilidad en la toma a sangre y fuego y el maltrato a algunos rehenes como el que se dio al magistrado Manuel Gaona Cruz.

Una testigo dice que Almarales se identificó, el doctor Gaona intentó hablar con él y le mencionó que tenía un bebé recién nacido. El guerrillero se molestó por la insistencia y le dijo: "Cállese magistrado".

Algunos testimonios señalan que existió una alianza del M-19 y el cartel de Medellín, lo que se concibió desde cuando el grupo guerillero secuestró a Martha Nieves Ochoa, pariente de narcos, que respondieron con la creación de Muerte a Secuestradores (Mas).

Testimonios de ex guerrilleros como Otty Patiño dicen que los contactos que se dieron no eran de sometimiento ante organizaciones del narcotráfico.

El ejecutivo no estuvo informado con precisión sobre lo que ocurría a tres cuadras del Palacio de Nariño y menos asumió el mando o la supervisión del operativo en su calidad de comandante de las Fuerzas Armadas.

Betancur se negó a hablar con la Corte, nunca existió intención real del Goberino nacional de tratar de salvar la vida de los rehenes, ni de proteger la integridad física de quienes permanecían atrapados en medio del fuego cruzado.

A la comisión el Presidente le respondió que "cuando el doctor Reyes Echandía quería hablar con el Presidente, el Presidente considero que no era oportuno agotar la instancia de la Presidencia, en un diálogo que no era libre en ese momento porque tenía una ametralladora sobre su cabeza, el diálogo se hizo a través del general Delgado Mallarino".

En el documento se habla de vacío de poder, pero Betancur no acepta que hubo un golpe de Estado en ningún momento.

A las 8 de la mañana del 7 de noviembre se plantea la posibilidad de un diálogo. Los testigos cuentan que el magistrado Arcinégas se ofreció voluntariamente a salir con la idea de informar sobre lo que estaba ocurriendo adentro y retornar después al Palacio. Nunca volvió, ni tuvo apoyo y los disparos se concentraron más cerca del sitio donde estaban rehenes y guerrilleros. Un magistrado sobreviviente califica eso como curioso.

La investigación llegó a la conclusión de que hubo conocimiento pleno del Ejército de que la toma se iba a producir alrededor de esos días. El viernes 18 de octubre se publicó que existía información sobre ese propósito.

Así mismo, señala que hubo un descuido notorio de la vigilancia.

"A pesar de las amenazas y el anuncio de la incursión violenta, el martes 5 de noviembre de 1985 el Palacio amaneció inexplicablemente sin vigilancia de fuerza pública", dice el informe.

La Comisión recibió exposiciones de quienes creen que algunos con capacidad de decisión en la fuerza pública quisieron hacer expedito el ingreso de sus odiados contendentes del M-19.

La comisión dice que en los hechos del Palacio al menos 11 personas atrapadas en el fuego cruzado nunca se encontraron vivas ni muertas... los empleados de la cafetería, visitantes ocasionales y la guerrillera Irma Franco. Franco fue torturada y desaparecida por Fuerzas Armadas".

La Fiscalía advierte que en el tema de la desaparición no hay prescripción.

La acción de  la Fuerza Pública fue ilegitima, desproporcionada y coparticipé del holocausto, dice la Comisión.

El general Jesus Arias Cabrales, al frente de acción del Ejército en el cuarto piso, ordenó disparar fusiles lanzagranadas y un obús contra el lugar donde estaban guerrilleros y rehehes.

El video dice que al director de la Policía "se le ocurrió que podía penetrar por la terraza de Palacio para rescatar a rehenes, las explosiones para derribar la puerta de la terrraza produjeron víctimas entre guerrilleros y rehenes. De otros lado el feroz combate del Ejército cerró todas la posibilidades de que cualquier rehén saliera con vida".

La conflagracion que devoró casi todo el Palacio se originó por tres fuentes. La primera en el sótano de parqueaderos fue provocada por bombas caseras de la guerrillla y por disparos en fueza pública.

El segundo, a las 6 de la tarde, en el primer piso, en la biblioteca, por la quema de expedientes, y en el tercero y cuarto piso, donde algunos testigos hablan de balas explosivas, lanzallamas y bolas de candela.

Pero la mayor conflagración, en el cuarto piso, se produjo por la explosión de una bomba en el auditorio, una detonación que fue identificada por testigos como producida con una basuca. El incendio terminó a las 3 de la madrugada del 7 de noviembre.

En los testimonios se advierte que al día siguiente se procedía a retirar escombros y barrer las instalaciones, bajo manejo castrense, y no se permitía el ingreso de jueces de instrucción criminal.