El alto tribunal rechazó que se sugiera un complot de su parte contra el mandatario. Este, por su parte, dijo que le parece muy grave que la Corte Suprema considere que no deba ser investigada.

El alto tribunal, en un comunicado de ocho puntos, aseguró que todas sus decisiones son fruto de un estudio colegiado y no de la labor de un solo funcionario.

La Corte desaprobó cualquier acto de injerencia en sus investigaciones que lleve a desconocer la independencia de los administradores de justicia.

Expresó su preocupación porque las recientes declaraciones del mandatario generen en la opinión pública un "errado entendimiento de la función" de la Corte.

En su comunicado el tribunal relató la versión que recibió de parte del magistrado auxiliar Iván Velásquez sobre lo ocurrido con el paramilitar Orlando Moncada Zapata, alias 'Tasmania'.

De acuerdo con la Corte, Velásquez, junto a la magistrada auxiliar Luz Adriana Camargo, visitaron a Moncada el 10 de septiembre pasado en la cárcel de Itagüí, por solicitud de él.

Al día siguiente, el Presidente llamó a Velasquez para averiguar si el entrevistado lo había involucrado en un hecho delictivo y éste le contestó que nó. Unos días después, el magistrado auxiliar denunció ante los magistrados de la Corte y ante el Fiscal que había recibido la llamada del Presidente.

La Corte respaldó igualmente las declaraciones que han dado los Presidentes de la Sala Penal en diferentes medios de comunicación y que han provocado el malestar del mandatario.

Minutos después, el Presidente dio una rueda de prensa en la que ratificó su interés en que se investiguen las denuncias contra el magistrado auxiliar y destacó que el abogado defensor de 'Tasmania' confirmó lo dicho por su defendido y dijo que estaba dispuesto a presentar sus denuncias ante la justicia.

La crisis entre la Corte y el Presidente El choque entre la Corte y el Presidente se desató anoche, cuando un comunicado de Palacio de Nariño acusó a Velásquez de ofrecer beneficios a un 'para' a cambio de involucrar al primer mandatario en el intento de homicidio del paramilitar 'René'.

Como prueba, Álvaro Uribe mencionó una carta firmada por Moncada en la que expone las supuestas presiones, que habrían ocurrido en la reunión sostenida en Medellín.

El fiscal General Mario Iguarán anunció hoy la apertura de una investigación preliminar para verificar las denuncias de 'Tasmania'.

Velásquez, 'Tasmania' y la fiscal Ana Elena Gutiérrez, que fue testigo de los hechos, serán citados a declarar, informó Iguarán.

Gutiérrez, fiscal de Medellín, afirmó esta mañana en declaraciones a La W Radio, que no existe ningún complot contra el primer mandatario. 'Quieren deslegitimar el trabajo de la Corte', aseguró la fiscal octava especializada de Medellín."Se que está mintiendo. Para nada, absolutamente para nada, se tocó al señor Presidente de la República", afirmó la fiscal, quien fue el contacto para el encuentro con el magistrado auxiliar, ya que tiene a su cargo procesos contra alias 'Tasmania' y contra 'René'.

El magistrado Iván Velásquez es el coordinador del equipo que investiga el caso de la parapolítica en la Corte Suprema de Justicia.

Para la fiscal Gutiérrez, lo que hay detrás de este incidente es un intento por "hacerle daño al trabajo que está haciendo la Corte porque el doctor Iván Velásquez no está solo".

La fiscal explicó en La W Radio que estuvo en la reunión previa al encuentro y ella misma le preguntó a Moncada si aceptaba hablar con el auxiliar de la Corte, quien nunca habló con el detenido hasta que llegó su abogado.

La fiscal precisó que el interés del magistrado Velásquez en entrevistar a alias 'Tasmania' radica en que el detenido "era un hombre importante en el bloque suroeste de las Autodefensas", en cuya área de influencia se encuentran municipios antioqueños como Andes, Salgar y Amagá.

Texto del comunicado de la Corte El 10 de septiembre del año en curso, en desarrollo de sus funciones y con el concurso del personal del CTI y de una fiscal, los magistrados auxiliares de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez Gómez y Luz Adriana Camargo Garzón, por solicitud del señor José Orlando Moncada Zapata, alias 'Tasmania', visitaron la ciudad de Medellín con el objeto de entrevistarlo; al día siguiente el señor Presidente de la República se comunicó telefónicamente con el doctor Velásquez Gómez para averiguarle si el entrevistado lo había involucrado en algún hecho delictivo, a lo que el funcionario respondió negativamente.

Por lo anterior, el 4 de octubre pasado, en presencia de los magistrados de la Sala de Casación Penal, el aludido magistrado auxiliar denunció tales acontecimientos ante los señores Fiscal General de la Nación y Procurador General de la Nación.

En atención a lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia resolvió: 1.Invitar a la sociedad a prestar colaboración y apoyo a la labor que, en estricto cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, realiza la Corte Suprema de Justicia, y exhortar a las autoridades a respetar la autonomía e independencia de los jueces de la República.

2.Rechazar enfáticamente las declaraciones que sugieren la existencia de un complot por parte de esta corporación, por ser totalmente ajenas a la realidad.

3.Resaltar la misión que viene desarrollando la Sala de Casación Penal de esta corporación y su Comisión de Apoyo, siempre comprometida con sus funciones, la institucionalidad, la justicia, la democracia y la verdad.

4.Desaprobar cualquier injerencia sobre el normal desarrollo de las investigaciones en curso, que desconozca abiertamente el mandato constitucional de la independencia de los jueces de la República, pues esta, antes de constituir prerrogativas de los administradores de justicia, se erige como garantía esencial en beneficio de todos los ciudadanos, a quienes se convoca en su defensa.

5.Expresar su enorme preocupación, debido a que los recientes hechos pueden generar en la ciudadanía un errado entendimiento de la función que cumple la Corte Suprema de Justicia, o acerca de la honestidad y credibilidad de la institución o de sus funcionarios.

6.Resaltar que cada una de sus decisiones son el producto de ponderada e imparcial elaboración y meditación del cuerpo colegiado, y no de un funcionario o magistrado en particular; pensamiento diverso distorsiona la legitimidad y el fin de la centenaria labor de la corporación.

7. Subrayar que la inversión de los recursos económicos que se efectúe en la administración de justicia no es un privilegio sino un deber del Estado, como medio para cumplir y hacer cumplir los derechos humanos, los compromisos internacionales y realizar los valores democráticos.

8.Respaldar de manera unánime e incondicional la actuación de los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y de su Sala de Casación Penal, quienes en sus declaraciones y conceptos han actuado fielmente como voceros de la corporación, y en ningún caso a título personal.

Bogotá, 9 de octubre de 2007César Julio Valencia Copete