Desde que se diagnosticó la enfermedad hasta que la Corte Suprema ordenó el tratamiento pasaron 8 meses durante los cuales la niña no fue atendida.
La niña Nicol Daniela Ávila Sanabria, hija de campesinos de Acacías (Meta), padecía una grave enfermedad hepática desde que nació en junio del año pasado. Su muerte acaeció el 26 de mayo pasado.
Lo más irónico es que tres días después, el 29, la Sala Penal de la Corte Suprema, con ponencia del magistrado Mauro Solarte, ordenó que la menor recibiera con rapidez el tratamiento médico, confirmando un fallo similar del Tribunal Superior del Meta.
El drama de Nicol y su familia empezó luego del diagnóstico médico. Como los padres son de bajos recursos, la Secretaría de Salud del Meta gestionó contratos para que la Fundación Valle de Lili, en Cali, hiciera la operación, cuyo costo es millonario. La clínica, de carácter privado, es pionera en Colombia en transplantes de hígado a niños.
La primera dificultad se presentó cuando esta entidad pidió que el valor del servicio fuera cancelado por adelantado. La tutela ordenó no solo cubrir los gastos de la cirugía, sino el traslado de los padres por el tiempo que durara el tratamiento, que podía ser de meses e incluso años.
Un segundo escollo ocurrió cuando la Unidad de Contratación de la Gobernación del Meta rechazó los contratos de la Secretaría de Salud, porque debían ser aprobados por el Ministerio de Protección.
Como Nicol estaba en riesgo de muerte, la Defensoría interpuso una tutela.
Corte confirmó fallo El 29 de marzo pasado, el Tribunal Superior del Meta falló a favor de la niña y ordenó que las entidades agilizaran el trámite para operarla. El Ministerio y Valle de Lili impugnaron la decisión.
La Corte resolvió la impugnación el 29 de mayo y confirmó el fallo. Dio un plazo de 48 horas para que Nicol fuera atendida. "Cuando está en juego la salud y la vida de una persona, no cabe oponer razones de índole administrativo", dijo la Corte.
Ahora, la tutela deberá ir a revisión a la Corte Constitucional.
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