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Bananera Chiquita tendría que pagar por víctimas de los 'paras', considera Estados Unidos

El Departamento de Estado le pidió al juez del caso que avale el acuerdo al que había llegado en marzo con la multinacional bananera.

Este acuerdo contempla una multa de 25 millones de dólares, 5 años de 'prueba' para algunos ejecutivos y la creación de un 'comité ético' interno.

La decisión final la tomará un juez federal, Royce Lamberth, que según publicó el diario Washington Post hace un mes, no estaba muy convencido del arreglo. El juez no descarta que los directivos sean incluidos con nombres propios en los documentos (se mencionan, pero sin identificarlos) e incluso que sean encausados.

Pero también están las consideraciones del propio Departamento de Justicia: "Las motivaciones que tuvo Chiquita para pagar son irrelevantes a la ilegalidad de su conducta o al daño que su conducta ha causado a las víctimas de la violencia de las Auc".

Los funcionarios citan una sentencia de una corte de apelaciones (Boim contra Quranic Literacy Inc.) que establece que "las organizaciones terroristas usan los fondos para actividades ilegales" independientemente de las motivaciones de los donantes.

Según el Departamento de Justicia, "puesto de la manera más sencilla, Chiquita estaba patrocinando el terrorismo" en Colombia.

La empresa, dice el memorando, siempre tuvo la opción de detener los pagos que sabía eran ilegales o abandonar el país. Y no lo hizo -continúa el documento- a pesar de múltiples advertencias de sus asesores legales.

El concepto de las autoridades de E.U., aunque no es legalmente vinculante, podría ser usado por varios grupos de abogados que han demandado a la compañía por la muerte de al menos 180 civiles en Colombia.

El Departamento de Justicia también expresa que se pudieron elevar más cargos contra Chiquita, pero que se decidió no hacerlo por razones prácticas y por la cooperación de la multinacional en la investigación. Es la misma justificación que da Washington para no solicitar la multa máxima de 98 millones de dólares sino la de 25.

El arreglo, de todas maneras, no fue bien recibido en Colombia. Mientras Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación, reclamó ayer que la multa sea entregada para resarcir a las víctimas de los 'paras', el ministro del Interior, Carlos Holguín, aseguró que el acuerdo deja sensación de impunidad.

"El acuerdo desdice de la justicia norteamericana, porque queda
la sensación de que por unos cuantos millones de dólares se puede comprar impunidad", dijo Holguín.

SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON

Publicación
eltiempo.com
Sección
Fecha de publicación
12 de septiembre de 2007
Autor

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