Mario Gómez, de la Fundación Restrepo Barco; Gabriela Bucher, de Fundación Plan, y los investigadores proponen:

Avanzar más en las normas. Se ha dado un paso para castigar a los proxenetas, pero no a los agresores directos ('clientes'). También se requieren leyes que restituyan los derechos a los niños y controles a los café internet.

Poner especial énfasis en los factores de riesgo que indentificó el estudio: como el desplazamiento y la falta de acceso a los servicios públicos. En el caso de la educación es necesario asegurar contenidos relacionados con los conceptos de género y derechos sexuales y reproductivos.

Crear una política para atender a indígenas y afrodescendientes desplazados que incluya capacitación a la comunidad que los recibe y a ellos en los mecanismos que tienen para hacer respetar sus derechos.

Invitar a la comunidad gay a participar en las campañas y programas en contra de este flagelo.