La medida cobija a los senadores Dieb Maloof, Luis Eduardo Vives y Mauricio Pimiento que están detenidos desde febrero.

Uno de los cargos por los que la Corte Suprema de Justicia los llamó a juicio es el plan que 'Jorge 40' montó en Cesar y Magdalena para manejar las elecciones de Congreso del 2002.

Según la Corte, ellos "se beneficiaron del apoyo de las autodefensas en los distritos electorales diseñados por '40'".

Por eso los acusó, además de concierto para delinquir agravado, de los delitos de constreñimiento al elector y, en el caso de Vives y Maloof, de alteración de resultados electorales.

"Como parte del plan de expansión de las Auc... sus jefes contactaron a dirigentes políticos y llegaron a acuerdos para inclinar a su favor la voluntad electoral", señala la Resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre tres congresistas.

La investigación de la Corte, que considera que la interferencia de los 'paras' en las elecciones es un "hecho probado", arroja una nueva sombra sobre los resultados de esos comicios. En su momento, la Procuraduría cuestionó la legalidad de cerca de un millón de votos en todo el país y el Consejo de Estado, en el 2005, anuló las credenciales de tres congresistas.

Pero ninguna de las dos investigaciones se enfocó en la estrategia del 'Bloque Norte' para elegir a candidatos que '40' consideraba como cercanos a sus planes e intereses.

Gracias a esos acuerdos, dice la Corte, los congresistas "tuvieron despejada la vía" para asegurar una curul. A cambio, dice la resolución de acusación, conocida por EL TIEMPO, "se comprometieron a promover el grupo ilegal". Al final, "los paramilitares lograron tener la posibilidad de acceder a altas esferas del poder".

La investigación, que se inició el año pasado, corroboró los resultados del estudio que la politóloga Claudia López y la Fundación Nuevo Arcoiris hicieron de las parlamentarias del 2002 en varias zonas del país: que se crearon distritos electorales en los que un aspirante al Senado y su llave a la Cámara concentraron votaciones superiores al 70 por ciento.

En el caso de Cesar y Magdalena, señala la Corte, se crearon tres distritos.

Los investigadores del alto tribunal confirmaron, con base en inspecciones judiciales, que en ocho municipios de la zona centro del Magdalena, como Pivijay y Ariguaní, Maloof y su fórmula para la Cámara concentraron el mayor caudal electoral. Algo similar ocurrió en Cesar con Mauricio Pimiento.

Ante la Corte, los defensores de los congresistas pidieron precluir la investigación.

Alegaron que las pruebas no permitían imputarles el concierto para delinquir, toda vez que, según ellos, no hay forma de evidenciar de qué manera se conformó la asociación criminal entre las Auc y los congresistas.

Además de Maloof, Pimiento y Vives, la Corte llamó a juicio el pasado 10 de julio a Álvaro García Romero, quien renunció al fuero, y a Erik Morris, por concierto para delinquir agravado.

Las votaciones de Maloof, Vives y Pimiento

67.864 los votos de Dieb Maloof en su campaña al Senado en el 2002. En solo Magdalena sacó 40.134.

53.759 la votación de Luis E. Vives en el 2002. En Magdalena obtuvo 47.794, el 89 por ciento del total.

47.027 sacó Mauricio Pimiento para el Senado en el 2002. Cesar fue su fortín electoral, con 34.120 votos.

Anularon casi un millón de votos

En febrero del 2005, el Consejo de Estado falló una demanda interpuesta por la Procuraduría contra la elección del Senado en el 2002. Anuló 5.653 mesas de votación, pues se encontró que algunos de los votos depositados en ellas fueron fruto de la suplantación y 'jurados de bolsillo': fueron cerca de 1 millón de votos los que consideraron inválidos. La decisión del alto tribunal se dio casi tres años después de que el Senado se posesionó y luego de que el Ministerio Público instaurara el pleito.

Para esa época, el procurador Edgardo Maya Villazón consideró que se presentaron irregularidades en el proceso electoral.

Tras la decisión del Consejo de Estado se hizo un nuevo escrutinio de la votación, que al final dejó sin curul, en julio del 2005, a Piedad Córdoba, José Renán Trujillo y Gabriel Acosta Bendek.

Se comprobó que el fraude se hizo a través de suplantación de electores y 'jurados de bolsillo' que alteraron a su antojo los resultados de los formularios electorales. Sin embargo, nadie fue procesado por tales delitos electorales ni tampoco se habló explícitamente de la responsabilidad de las autodefensas por presión a los votantes.

REDACCIÓN JUSTICIA