La medida forma parte de un proyecto que hace más exigente y dura la legislación para proteger a hijos menores, a cónyuges, o compañeros permanentes (abandonados por sus esposos o esposas).

La iniciativa, promovida por el Mira, establece, además del arresto nocturno, la suspensión de la licencia de conducción (cuando no se utilice para trabajar), y la penalización del ocultamiento de ingresos o patrimonio para evadir la obligación.

No solo se afectará al responsable directo, sino también al tercero "que se preste para ayudar al ocultamiento del obligado, o para que este eluda el cumplimiento de los apremios", explicó la representante Gloria Estella Díaz.

Para hacer efectivo el derecho de petición de alimentos, el proyecto de ley también compromete al Estado, para que en los casos en que los responsables estén en absoluta incapacidad económica, sea el Icbf el que responda por la pensión alimentaria.

La falta de una política severa y de acciones penales que obliguen a cumplir con el derecho de la pensión alimentaria tiene a 125 mil menores esperando que sus padres respondan por sus obligaciones.

Esa espera podría prolongarse por años debido a la ineficiencia de la acción penal para obtener el pago de las mesadas alimentarias.

Las cifras de la Fiscalía son dicientes. Entre el 2005 y el primer semestre de este año (bajo el sistema acusatorio, Ley 906/2004, y bajo la Ley 600/2000), se formularon 189.674 denuncias de inasistencia alimentaria, solo 48.010 - una cuarta parte- han conciliado, mientras que 16.209, es decir, el 8,54 por ciento han sido llamados a juicio.

Política preventiva La directora del Icbf, Elvira Forero, y el delegado para la Infancia de la Procuraduría, Aroldo Quiroz, coincidieron en que debe haber una política pública preventiva en pautas de crianza.

La señora Forero dijo que apoya el proyecto, e insistió en que la responsabilidad es tanto del Estado como de la familia, pero que padres y madres "tienen que tener una visión de vida con metas claras y que los hijos no sean solo producto de un momento".

Y se mostró de acuerdo con las sanciones a padres irresponsables, mientras que Quiroz, se inclinó por otros mecanismos, pues en su opinión, "el proceso de inasistencia alimentaria como delito no ha tenido mayores efectos (...) al Estado le cuesta mucho mantener a un padre en prisión", dijo.

El círculo vicioso de la conciliación El rostro de Isabel* es uno de los más conocidos en una de las comisarías de familia del sur de Bogotá y del Centro de Atención a víctimas de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria ubicado en el centro.

Hasta allí ha llegado con sus dos pequeños hijos de 4 y 5 años a denunciar a su compañero que los abandonó hace dos años y desde entonces no ha respondido por la cuota de alimentación. En la Comisaría concilió y se fijó una cuota mensual que su compañero nunca cumplió. Fue a la Fiscalía, pero allí los obligan a conciliar, antes de seguir un proceso. El responsable incumple, y el proceso tiene que empezar de ceros, lo que según un funcionario, "lo convierte en un círculo vicioso"