Su fórmula busca despejar la situación de unos 19 mil desmovilizados de las autodefensas que tienen procesos por concierto para delinquir.

El Jefe del Ministerio Público le dijo a EL TIEMPO que a los desmovilizados se les debería crear una figura mediante la cual las autoridades les puedan suspender provisionalmente los procesos penales.Igualmente, propuso que los ex 'paras' tengan un período de prueba condicional, que duraría tres años, el cual se aplicaría siempre y cuando los desmovilizados firmen un compromiso de no intervenir en política y se acojan a otras condiciones contempladas en el artículo 326 del Código de Procedimiento Penal."Hay que olvidarse del tema de la sedición y estructurar un tratamiento procesal excepcional diverso para los desmovilizados individuales y colectivos", dijo. Para Maya Villazón los jueces deberían tener la facultad de archivar las investigaciones, siempre y cuando los desmovilizados cumplan con los compromisos mencionados. Según el Procurador, todas estas alternativas jurídicas deberían contar con la participación directa del Congreso.Como parte de la misma propuesta, Maya Villazón señaló que a los desmovilizados individuales de las autodefensas se les debe seguir aplicando la Ley 975 de 2005. Maya se declaró en contra del proyecto de ley propuesto por el Gobierno para darles tratamiento político a los ex 'paras: "Creo que el proyecto de ley no resulta adecuado para solucionar la problemática que ha planteado las decisiones jurisdiccionales, que en todo caso deben ser respetadas y acatadas". Boquete en la ley"Un delito común no puede mutarse a sedición, pues si bien la Carta Política no define lo que es un delito político, el legislador no puede, muy a pesar de su amplio poder de configuración legislativa, mutar un instituto en otro", dijo. Advirtió que la iniciativa del Gobierno puede abrir un boquete por donde se cuelen los ex jefes de las Auc para ganar estatus político."El inciso segundo del artículo primero del proyecto va dirigido a quienes hayan "constituido grupos ilegales", aspecto que desborda lo pretendido, que es solucionar el problema de los combatientes rasos y no beneficiar a los cuadros de mando de las llamadas autodefensas", sostuvo. En opinión de Maya Villazón, el delito de sedición no se puede aplicar a los 'paramilitares' porque los objetivos de esos grupos no son los mismos que describe la ley para los delitos políticos.Para el Procurador, de aprobarse el proyecto del Gobierno el país tendría problemas a la luz de los tratados internacionales en relación con los paramilitares que se desmovilizaron colectivamente, "toda vez que todavía responden a la organización y deben asegurar la no repetición de los hechos delictivos".Los ex 'paras' que se desmovilizaron individualmente, según el Jefe del Ministerio Público, no tendrían problema, "toda vez que estos al desertar de la organización paramilitar, han desconocido las órdenes de los cuadros de mando". El Procurador reiteró que la alternativa para los más de 19.000 ex 'paras' de bajo rango a quienes aún no se les ha definido su situación jurídica es un tratamiento especial dentro del marco de la Ley de Justicia y Paz. Y dijo que, en todo caso, la solución queda en manos del Congreso.

REDACCIÓN JUSTICIA