Antonio López, portavoz de las Auc, dijo ante periodistas en Medellín que los ex líderes 'paras' acordaron reintegrarse al proceso como prueba de su ''compromiso inamovible'' con el país.

"Convocamos a todos los desmovilizados que tengan requerimientos por parte de la justicia para que acudamos en lo sucesivo a cumplir con las diligencias ante fiscales, jueces y tribunales", dijeron en un comunicado público.

Además defendieron la condición de delito de sedición que, según ellos, debe cobijar las acciones violentas que cometieron, y que en concepto de la Corte Suprema de Justicia no se les puede reconocer.

Ese concepto del máximo tribunal de la justicia del país hizo que el miércoles los paramilitares decidieran suspender sus comparecencias ante la justicia, como habían quedado obligados al acogerse a una ley especial que permitió su desmovilización.

Ante esa reacción, el gobierno de Uribe redactó un anteproyecto de ley para superar el impasse con los desmovilizados paramilitares con los que en abril concluyó un cuestionado proceso que permitió que unos 32.000 integrantes de las Auc dejaran las armas.

"Es imperativo reconocer públicamente los ingentes esfuerzos del gobierno nacional para recomponer el marco jurídico del proceso de paz", dijeron en el comunicado los jefes encarcelados de esos escuadrones de extrema derecha.

Esos líderes se acogieron a la denominada ley de justicia y paz que el gobierno de Uribe presentó al congreso y que les otorga a los jefes paramilitares beneficios judiciales, como penas máximas de ocho años de cárcel así hayan cometido delitos de lesa humanidad, pero si confiesan todos los delitos cometidos.

Este domingo, el presidente de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Alfredo Gómez, advirtió sobre las consecuencias de que a los paramilitares desmovilizados se le otorgue la condición de delincuentes políticos.

Entre ellas, mencionó que tendrían derecho al asilo político, podrían ser indultados o amnistiados, no podrían ser extraditados y podrían llegar a cargos públicos.

Con AFP y AP