El presidente Álvaro Uribe considera ahora que en cualquier circunstancia estas personas deberán pagar una pena efectiva mínima de cárcel, conoció EL TIEMPO.

Esto significaría que inclusive los políticos hoy detenidos por posibles vínculos con 'paras', de ser hallados culpables y en caso de que decidieran contar toda la verdad, no serán excarcelados de inmediato tras su condena.

El Gobierno, además, estudia la posibilidad de que haya una gradualidad del beneficio de acuerdo con la gravedad del delito y con la calidad del procesado. Es decir, no pagaría igual pena un congresista o un gobernador que un campesino, por el mismo delito.

Esta ley, que será presentada en cuestión de días o semanas, estará dirigida fundamentalmente a otorgar beneficios de libertad condicional a quienes, sin pertenecer a la estructura de las Auc, pactaron con esa organización "con ánimo de delinquir", según las palabras del propio Uribe.

Las otras dos categorías que el Presidente ha mencionado (los que se reunieron con los 'paras' por coacción insuperable o en busca de una acción humanitaria) no serán procesados, de acuerdo con la legislación vigente y decisiones recientes de la Corte Suprema de Justicia.

El Gobierno dice que su propósito con este proyecto es promover una proporcionalidad en las penas, de manera que los que solo estaban "vinculados" no terminen pagando mayores penas que quienes ejecutaron los delitos.

El Gobierno prefiere no llamar a este proceso excarcelación sino extensión de los beneficios de libertad condicional puesto que el sujeto de esta norma, si bien estará por fuera de las rejas, podrá perder su libertad en caso de reincidir o incurrir en cualquier otra falta.

Con este proyecto el Gobierno dice buscar, por una parte, una economía procesal, es decir agilizar los procedimientos, y por otra, garantizar que se conozca toda la verdad. Estos beneficios permitirían que no solo se conozca la versión de los 'paras' sino también la de los colaboradores que hicieron parte del fenómeno del paramilitarismo.

Habrá, sin embargo, un plazo (o término) que aún no se ha definido para que esos vinculados manifiesten su intención de confesar. Una vez expire ese término, que deberá precisar la ley, ningún vinculado podrá aspirar a los beneficios.

"La línea del Gobierno es consolidar la institucionalidad, la Constitución del 91, y no buscar un proceso constituyente", aseguró Mauricio González, secretario jurídico de la Presidencia.

Así será ley de nexos con 'paras'.

Ley será para los no miembros de los paramilitares que se aliaron con esos grupos para delinquir.

No habrá excarcelación total. Habrá una gradualidad según la gravedad del delito y la calidad del procesado.

El Gobierno recogerá el concepto de agravante para los servidores públicos y autoridades.

Habrá un plazo para que los que se quieran acoger manifiesten su intención de confesar. Al vencer el plazo nadie podrá aspirar a los beneficios.

No habrá punto final pues se mantiene la condena.

No será indulto pues habrá pena efectiva mínima y penas accesorias como reparación.

CARLOS FERNANDO GALÁN Y EDULFO PEÑAREDACTORES DE EL TIEMPO