El TIEMPO publica las explicaciones del Presidente ordenadas por puntos clave, y no en pregunta-respuesta, pero con extractos textuales de los conceptos que el mandatario expuso durante la charla.

¿Cuál sería el marco jurídico para la liberación de guerrilleros?

Se ha pensado en la Ley de Orden Público, prorrogada varias veces por el Congreso, que nos daría la oportunidad de otorgarles la condición de voceros, de que se conviertan en gestores de paz y del acuerdo humanitario. El Gobierno espera poder trabajar con esa ley y no tener que recurrir a otra, bajo algunas condiciones: que se desmovilicen y que se comprometan a no volver a delinquir, por ejemplo.

¿Los condenados por delitos atroces también serían liberados?

Se está revisando la posibilidad de recurrir a la Ley de Justicia y Paz, con la mira puesta en la equidad: que hayan cumplido penas de cárcel entre 5 y 8 años, como las penas que establece esa norma para los paramilitares desmovilizados.

¿Cuántos guerrilleros saldrían de la cárcel?

Los nombres y la cifra exacta no están definidos. Se levantarían las órdenes de captura y se les reconocería la condición de voceros, como se hizo con 'Francisco Galán' en el proceso del Eln. Ellos siguen condenados por la justicia, pero se les reconocería como gestores de paz. Aún faltan detalles por definir que quedan en manos de los expertos en temas jurídicos.

Si hay excarcelación masiva e intención de rescate militar ¿en qué queda el papel de los europeos?

La liberación no significa renunciar al rescate militar, algo en lo que estoy empeñado desde el 7 de agosto del 2002. No se afecta la seguridad democrática y además los europeos siguen autorizados a realizar las gestiones para el acuerdo humanitario.

¿Habrá ley de punto final?

"Lo que nosotros hemos buscado no es una ley de punto final, la connotación histórica de las leyes de punto final es una connotación negativa, en mi concepto, porque allí hay levantamiento de las responsabilidades penales, hay perdón y olvido. Contrario al olvido, aquí lo que se busca es confesión para que haya memoria y no haya repetición, y que a través del incentivo de la excarcelación se contribuya a esa confesión, incentivo de la excarcelación que no irá acompañado del levantamiento de la responsabilidad penal, al contrario irá acompañado de la muerte política".

¿Se perdonarían delitos atroces?

"Aquí no hay perdón a delitos atroces, aquí no hay amnistía, ni indulto, aquí no hay exención de la responsabilidad penal, hay toda la condena, simplemente puede haber una excarcelación parcial o total y quiero agregar una experiencia histórica y un elemento jurídico. En el proceso de paz de Irlanda del Norte y yo lo viví estando en la Universidad de Oxford, con el Good Friday Agreement de 1998, el Gobierno Británico aceptó excarcelar unas gentes del Ira condenadas por las mayores atrocidades, pero no les levantaron la responsabilidad final, eso es un antecedente muy importante.

Segundo, Mauricio González me decía esta mañana que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los protocolos internacionales hay fuente jurídica para hacer estas cosas como culminación de procesos de paz, pero no estamos proponiendo levantar las responsabilidades penales. Por eso hay que decir, en el caso de políticos, en beneficio de la verdad, puede haber excarcelación total o parcial; desde el principio, o cuando esté cumplida parte de la pena, dependiendo del delito y de la condena, pero con muerte política, yo creo que esa combinación lo dice todo. Muerte política sin resurrección".

¿Cómo será la excarcelación por 'parapolítica'?

"Hasta ahora hay dos conceptos: uno que prevalece y que me inclino más por él, es que necesitamos ley. Uno segundo que dice que por decretos, pero yo todavía no lo veo claro, estamos en el estudio de ambos caminos".

¿A quién beneficiará la ley?

"Esta propuesta incluye a cualquier colombiano, porque todos los colombianos en esas regiones tuvieron unas épocas muy duras que todavía no hemos superado totalmente de un terrorismo que los asfixiaba y un Estado que no los protegía. Una de las características de la ley es que tiene que ser una ley erga omnes, esto es 'aplicable a todos', ese es el concepto de igualdad ante la ley.

Cualquier norma jurídica que se presente sobre la materia debe excluir de esos beneficios al Presidente de la República y eso lo dije en mi primera intervención sobre el tema. Si el Presidente ha cometido un delito de esa naturaleza, que frente a él no haya beneficios, sino que lo lleven a podrirse a la cárcel".

¿Sería excarcelación total?

"Sería una excarcelación que, dependiendo del delito y de las condenas, podría ser desde un principio o podría ser cuando ya hayan cumplido una parte de la pena, o sea, que no es necesariamente excarcelación total. Está propuesta está en construcción, entonces por eso les está hablando alguien que tiene la voluntad política, que tiene el deber de proponerle lo que considera conveniente al país de provocar la discusión, pero que también tiene la responsabilidad de decirles, esto está en discusión".

EL TIEMPO consultó ayer a Vivanco para conocer su posición frente a la propuesta del presidente Uribe de excarcelar a quienes hayan cometido delitos no atroces, confiesen la verdad y esa verdad sea avalada por la Justicia.

Vivanco dijo que no entiende la racionalidad política de la propuesta "ni por qué le preocupa (a Uribe) el avance de las investigaciones judiciales. Si el compromiso es llegar a la verdad de la 'parapolítica', desmantelar las estructuras políticas mafiosas, reducir la impunidad y fortalecer el estado de derecho, el gobierno no debe interferir con el proceso judicial, sino garantizar su credibilidad y eficacia. Propuestas de este tipo, que intentan sustraer del ámbito judicial casos tan delicados como la parapolítica, ponen en riesgo la independencia de la justicia y terminan politizándola".

EL TIEMPO