La oposición no recibió de buena manera el planteamiento realizado por el presidente Álvaro Uribe, que no fue descartado por el director del Center for International Policy, Adam Isackson.

El senador Gustavo Petro, del Polo, aseguró que con esto lo que quiere Uribe es "liberar a sus amigos políticos que están presos". A renglón seguido agregó que está incurriendo en un conflicto de intereses y que además no es ético que lo proponga, pues él tiene a un familiar entre los investigados por 'parapolítica'.

"No puede utilizar los instrumentos de la Ley para favorecer a familiares y a gente cercana", dijo Petro.

Vale la pena recordar que Petro, al finalizar su famoso debate sobre el paramilitarismo en Antioquia, propuso un gran acuerdo por la verdad que incluiría, entre otros puntos, la posibilidad de que no todos los casos de vínculos con 'paras' terminen en procesos penales.

Carlos García, presidente del partido de 'la U', se abstuvo de opinar sobre el tema, pues dijo que por el momento es una propuesta y que hasta tanto no conozca un proyecto de ley en tal sentido, no lo hará. Sin embargo, señaló que su colectividad se opone a una ley de punto final.

Con García coincidió el jefe de Cambio Radical, Germán Vargas, quien señaló que por lo pronto es una idea y que hasta tanto no esté estructurada no se pronunciará.

El senador liberal Juan Fernando Cristo sí criticó la propuesta de inmediato. Dijo que se trata de "una propuesta indecente, sospechosa y poco seria". Señaló que el Gobierno primero se la jugó para aprobar la Ley de Justicia y Paz a fin de que todos los vinculados al paramilitarismo fueran detenidos y ahora pretende sacar a sus aliados. "Eso debilita la acción de la Corte Suprema y de la Fiscalía", dijo.

El ministro del Interior, Carlos Holguín, aclaró que la propuesta está dirigida solo a los civiles que resulten involucrados con los 'paras', sin importar a qué actividad se dediquen. Explicó que la idea es que esas personas sean juzgadas y condenadas y que a cambio de la verdad, avalada por un juez, se estudie la posibilidad de la excarcelación.

Isackson, por su parte, dijo desde Washington que lo importante es que se desmonte el poder de las "narcomafias y el paramilitarismo". "Puede ser que la mejor manera de lograr ese desmonte sería excarcelar a los congresistas, oficiales y militares detenidos, una vez que revelen todo lo que saben sobre las redes para-mafiosas en que participaban, y la identidad de sus aliados en el Estado", explicó.

Por error, en la edición impresa de EL TIEMPO se atribuyeron las declaraciones del señor Adam Isackson, del Center for International Policy, a José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch. En la edición impresa de mañana, viernes, se publicará la respectiva corrección.

Si bien el vicepresidente Francisco Santos, en entrevista con EL TIEMPO en abril pasado, no descartó la posibilidad de que se busquen penas alternativas para algunos implicados en la 'parapolítica', Uribe ya venía mandando mensajes que hacían prever que una propuesta en ese sentido podía estar en camino.

El Presidente ya había dicho varias veces que en el proceso de destape de los supuestos nexos con 'paras' no se puede generalizar, pues en algunos casos se trató de gestiones humanitarias, en otros de acuerdos bajo presión y en otros, de verderas alianzas criminales.

Incluso, el pasado viernes Uribe les dijo al presidente de la Corte Suprema y al Fiscal General que confiaba en que "la justicia en su sabiduría va a saber establecer diferencias entre los que sometidos por los verdugos del terrorismo, tuvieron que ir donde ellos por una gestión humanitaria...".

"(...) Nos tenemos que preparar para darles el beneficio de la excarcelación a quienes confiesen la verdad y esa confesión sea aceptada por los jueces de la República", añadió el martes, al instalar Expoconstrucción, en Bogotá.

Sobre las vías jurídicas para una eventual excarcelación de los encartados por la 'parapolítica' también hay polémica.

La propuesta del presidente Uribe reavivó una salida que a finales del 2006 contemplaron algunos parlamentarios, pero que el mismo Gobierno desechó en su momento por el alto costo político: que se declararan miembros de los grupos paramilitares y que se desmovilizaran para acceder a los beneficios de pena alternativa.

Mientras el ex procurador Jaime Bernal Cuéllar considera que, a través de los decretos reglamentarios de Justicia y Paz, el Ejecutivo podría ordenar esa excarcelación para ayudar a afianzar el proceso de paz, el ex presidente de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes dice que un paso semejante iría contra la misma Constitución.

Su punto es que no tendría justificación que los 'paras' paguen entre 5 y 8 años de cárcel mientras que los que se declaren sus cómplices quedan libres con apenas un regaño.

"El mensaje es muy negativo: plantea un favorecimiento a la impunidad y refuerza la impresión de que la Ley es solo para los de ruana", dice.

Fernando Arboleda, ex magistrado de la Corte Suprema, plantea otra duda: ¿Cuál sería el aporte a la paz -condición para tener beneficios- de los que hoy están procesados por concierto para delinquir por beneficiarse de los 'paras'?