Un importante grupo de Representantes a la Cámara del partido opositor también abogó por el mantenimiento de los fondos para financiar el Plan Colombia.

Las manifestaciones de apoyo se presentaron en una audiencia convocada por el subcomité para el Hemisferio Occidental, que buscaba evaluar el estado de las relaciones bilaterales y el futuro de la asistencia.

Charles Shapiro, subsecretario de Estado diputado para el Hemisferio Occidental, dijo que Uribe, de gira por Washington la semana entrante, era un líder que merecía todo el respaldo de la comunidad internacional.

Al preguntarle de manera directa si el departamento de Estado conocía evidencia que vinculara al presidente con grupos paramilitares, su respuesta fue enfática: "Ninguna".

La mayoría de representantes, no obstante, expresó preocupación por el escándalo de la "parapolítica" y advirtió que seguirían de cerca la evolución de las denuncias e investigaciones.

"Es un líder que se preocupa por su gente. Que les ha dado esperanzas. No es hora de darle la espalda" dijo Albio Sires, de Nueva Jersey.

Para Sam Farr, de California, no sería prudente abandonar un plan que ha estado dando buenos resultados, aunque insistió en que debía hacerse más énfasis al componente social de la estrategia estadounidense.

"La gente en la calle se siente bien. (Uribe) le ha mejorado la calidad de vida. Y ese es el mejor termómetro para saber si las cosas marchan bien", sostuvo Gregory Meeks, representante por el estado de Nueva York que recientemente visitó el país.

Comentarios similares expresaron Bill Delahunt, de Massachussets y Eliot Engels, de Nueva York, aunque este último fue el más duro de todos: "Estoy muy preocupado por las acusaciones que se han presentado. Todavía no hay evidencia que vincule al presidente... pero seguiremos muy de cerca el caso", dijo el Presidente del subcomité.

El senador Gustavo Petro y las multinacionales estadounidenses Chiquita Brand y Drummond tuvieron un mal día en la audiencia. Dan Burton, de Indiana, catalogó a Petro de "terrorista" y pidió a sus colegas no creer en sus palabras: "Este es un señor que hacía para de un grupo terrorista y que ahora acusa al Presidente de hacer los cosas que el mismo seguro hizo. En este país sería inconcebible que un terrorista acusara a un líder y se le diera crédito", dijo Burton.

Delahunt y Engels atacaron a los multinacionales estadounidenses por su supuesto apoyo a grupos paramilitares. "Chiquita ya admitió pagar a los paras. Si las acusaciones contra Drummond resultan ciertas sería gravísimo. Es inconcebible, especialmente en este mundo post 9-11 que se apoye a un grupo terrorista", dijo Delahunt tras prometer que el Congreso realizará una investigación.

"Resulta que nosotros pagamos para proteger a los sindicalistas y ellos (las multinacionales) pagan para que los maten", continuó el legislador.

Ambos hicieron hincapié en el caso de dos testigos, cuyo testimonio sería clave para el caso Drummond: el ex jefe de informática del DAS, Rafael García, y Edwin Guzmán, un ex oficial del ejército. "Ellos creen que sus vidas corren peligro. Debemos ayudar al estado colombiano para que pueda protegerlos", afirmó Engels.

Terry Collingswoth, abogado de los familiares de las víctimas en el caso Drummond, acusó al presidente Uribe de estar interfiriendo en la investigación y entregó al Congreso una carta enviada al vicepresidente Francisco Santos en la que le pide incluir a García en el programa de protección de testigos.

Los abogados quieren entrevistarse con el ex operario del DAS y usar su testimonio durante el juicio, que comenzaría el 9 de julio. García está detenido en la cárcel de la Picota y no es parte de este programa.

SERGIO GÓMEZ MASERICorresponsal de EL TIEMPOWashington