La propuesta, que está contenida en la reforma constitucional que el Gobierno radicó en la Cámara, causó sorpresa y fue calificada como tardía por la oposición.

Al artículo 179 de la Constitución se le adicionaría la siguiente inhabilidad: No podrán aspirar a ser congresistas: "Quienes tengan vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consaguinidad, primero de afinidad o único civil, con quienes hayan perdido la investidura de congresista por la comisión de delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico".

La idea provocó dos reacciones: la coalición del Gobierno cerró filas y la respaldó, pues el ministro Holguín tuvo la precaución de consultarles antes de hacerla pública.

"Es una propuesta dura, porque es poner a personas inocentes a responder por otros, pero el tema ya fue socializado por el Gobierno y aceptado por todos los directores de los partidos uribistas", admitió Julio Manzur, del Partido Conservador.

"En Cambio Radical la propuesta ya se había analizado y fue acogida", aseguró Nancy Patricia Gutiérrez, vocera de ese partido.

La oposición, en cambio, aprovechó para criticar al Gobierno por su tardanza para presentar una reforma que le ponga la cara a los estragos que está causando el escándalo de la 'parapolítica'.

"Ese proyecto es una burla al país, no le hace ni cosquillas a la corrupción. Puede que suene bien, pero no resiste un análisis de constitucionalidad. Lo presentan para hacer demagogia. ¿No llevan los uribistas varios meses diciendo que la responsabilidad penal es individual?", preguntó Jorge Robledo, del Polo.

Juan Fernando Cristo, vocero liberal, hizo una declaración general sobre la reforma, pues cuando habló con este diario no conocía el texto y estaba a punto de viajar.

"Es una lástima que la preocupación del Gobierno con la 'parapolítica' sea tan tardía", dijo, y luego añadió: "A los liberales nos alegra que el Gobierno recoja algunas de las iniciativas que el Partido Liberal ya planteó".

La idea es que no se repita la situación del proceso 8.000, en el que los condenados mantuvieron su poder haciendo elegir a sus familiares.

"Me parece acertada. Si bien la responsabilidad penal es individual, la política es otra. El intento es renovar la política de factores nocivos y evitar que estas personas puedan trasladar su votación", dijo Simón Gaviria, de Por el País que Soñamos.

"Es una propuesta dura, porque es poner a personas inocentes a responder por otros, pero el Gobierno ya socializó el tema", afirmó por su parte Julio Manzur, jefe del Partido Conservador.