La clase alta del departamento está conformada por políticos. Desde siempre, el sector público ha sido la única manera de ascender socialmente.

A eso le atribuyen los mismos chocoanos el florecimiento de la corrupción hasta niveles que mantienen estancado al departamento.

Por eso no es casual que al Jardín, el único sector de estrato seis en Quibdo, le digan el barrio del Estado: la mayoría de sus habitantes son ex alcaldes y ex funcionarios públicos de niveles medio y alto que levantaron o están construyendo casas lujosas.

En la distinguida vecindad figuran, entre otros, el ex gerente regional de la Contraloría General y ex contralor departamental Carlos Murillo, el ex director del Hospital San Francisco de Asís (intervenido) Eustaquio Olave, el ex director de la EPS Barrios Unidos (intervenida) José Dolores Palacios, el ex alcalde de Alto Baudó Tulio Mosquera, el ex mandatario de Lloró y Yuto Ovidio Palacios. Todos tienen investigaciones por presunta corrupción.

Esta semana, en medio de la crisis humanitaria que se evidenció con la muerte de varios niños por hambre y que obligó a nombrar un gerente externo para la salud, la gente se repetía que difícilmente esos ex funcionarios habrían podido comprar casas que valen cientos de millones de pesos con los sueldos que tuvieron como empleados.

Desde marzo del 2001, el Chocó se acogió a la Ley de Quiebras por una deuda de 147.000 millones de pesos, y por eso no destina ni un solo peso de recursos propios a inversión social.

Esta situación se achaca a las malas administraciones. En este momento ni el gobernador, Julio Ibargüen, ni los 31 alcaldes se libran de investigaciones penales, disciplinarias o fiscales.
 
Incluso, el mandatario regional fue recientemente sancionado por la Procuraduría con 30 días de suspensión por nombrar en el Departamento Administrativo de Salud (Dasalud) a Paciano Asprilla y Guidobaldo Flórez, que no cumplían con el perfil.

A Flórez, la Contraloría General lo investiga por presunta contratación irregular por 8.000 millones de pesos. Incluye suministros no entregados y obras no ejecutadas.

Y hasta el encargado de controlar a los funcionarios, el contralor departamental, Mario Gustavo Flórez, tiene una orden de destitución porque, supuestamente, apoyó con 5 millones de pesos la lista del hoy representante a la Cámara Odín Sánchez Montes de Oca, en la cual Bernardo Flórez, hermano del Contralor, era segundo renglón.

El desorden del departamento, que no tiene bases de datos ni archivos confiables facilita el desgreño.

Es ya popular la historia del ex alcalde de Medio Baudó Miguel Arroyo, quien no dejó soportes de su gestión. Al ser preguntado por su sucesor, dijo que sus archivos estaban en Quibdó y prometió mandarlos. Como no llegaron se los reclamaron y aseguró que los había enviado pero que la embarcación que los llevaba se hundió en el recodo más profundo del Atrato.

A que los cargos públicos sean la forma más codiciada de supervivencia se suma, según un investigador, la intrincada red de afinidades familiares y políticas.

Con frecuencia, los que deben controlar a los funcionarios comparten con ellos apellido o partido político. Por ejemplo, la subdirectora técnica de Dasalud es Siris Sánchez Montes de Oca, hermana de la secretaria de Salud de Quibdó, Domnis Sánchez Montes de Oca.

Y estas son, a la vez, hermanas del hoy congresista Odín. Otro hermano, Patrocinio, fue alcalde de Quibdó en el periodo pasado y tiene cinco procesos penales en contra, entre otras cosas, por destinación irregular de transferencias.

En general, en Chocó las escasas sanciones que se imponen no tienen efecto porque los investigados traspasan sus bienes, se declaran insolventes y solo pagan con la inhabilidad para contratar con el Estado.

En medio de toda esta historia de corrupción y pobreza de Chocó, tantas veces contada, la certeza de los que han padecido la situación y han sentido la muerte de al menos 40 niños este año es que al Estado le cabe una gran culpa por haberse demorado tanto para intervenir.

Néstor López
Enviado Especial de EL TIEMPO
Investigaciones por mal uso de plata

NÉSTOR LÓPEZ
Enviado especial de EL TIEMPO
Quibdó