La semana pasada, el juez Federal Karon Bowdre dio vía libre para el inicio de un juicio contra esa multinacional, acusada en EE.UU. por el asesinato de tres de sus empleados en Colombia.

Según los abogados de Sintramienergética, el sindicato colombiano que demandó a Drummond, el testimonio de García (hoy en la cárcel y que en parte prendió el ventilador de la parapolítica) es clave porque demuestra que la empresa sí ordenó los asesinatos.

Como parte de los procedimientos preliminares, el juez Bowdre les dijo a las partes que consideraría el testimonio de García siempre y cuando abogados y fiscales puedan interrogarlo debidamente.

Según el juez, dado que García está en la cárcel, eso podría lograrse a través de una video conferencia o en persona, para la cual los abogados se desplazarían a Colombia.

El juez les pidió, además, que le informen antes de fines de mes el estatus del posible testimonio del ex funcionario del DAS.

Si se materializa, sostuvo el juez, el inicio del juicio (previsto para el 14 de mayo) podría retrasarse algunos meses. Depende de la fecha en que García pueda rendir testimonio.

De todos modos, el juez conminó a las partes para que llegaran un arreglo para evitar el juicio.

Testimonio clave García declaró en mayo de 2006 que estuvo presente en una reunión en la que Augusto Jiménez, presidente de la Drummond en Colombia, entregó un maletín con 200.000 dólares en efectivo que debían ser entregados al paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40'.

El dinero, según la declaración de García, "era para asesinar a sindicalistas en la Drummond", que identificó como Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita, y que efectivamente fueron asesinados en 2001.

Al momento de su muerte, Locarno y Orcasita eran presidente y vicepresidente de Sintramienergética. Su nuevo presidente, Gustavo Soler, fue asesinado después.

Los abogados del sindicato intentaron usar ese testimonio de García en el proceso pero el juez no lo aceptó como prueba válida pues la defensa no tuvo oportunidad de interrogarlo y William Jeffress, abogado de Drummond, dice que García está mintiendo. De allí la necesidad de un nuevo testimonio.

Aunque parte de los cargos que pesaban contra Drummond y su operación en Colombia, Drummond Limited, fueron archivados por falta de evidencia, el juez autorizó un juicio por "daños" relacionados con la muerte de Locarno, Orcasita, Gustavo Soler.

¿Penetración de 'paras' también a multinacionales? Pese a que el caso Drummond no está cerrado, y la compañía niega cualquier relación con los "paras", el hecho de que el juez encontrará méritos para seguir adelante con un juicio demuestra lo que en Colombia es un secreto a gritos: que el paramilitarismo y la guerrilla no solo penetró la política, sino a las multinacionales que operan en el país.

Esta semana, Chiquita Brands aceptó pagar una multa por 25 millones de dólares por haber pagado "vacunas" a los paramilitares por más de seis años. También aceptó que hizo lo propio con las Farc y el Eln entre 1989 y 1997.

Está también la demanda contra Coca Cola por el asesinato de sindicalistas en Colombia, que se encuentra en su etapa de apelación, y acusaciones contra Nestle y Del Monte y su empresa colombiana Multifruit en la zona del bajo Atrato chocoano.

Otros casos de presión de los grupos armados ilegales a multinacionales.

La 'guerra' contra Nestlé. En el Caquetá, las Farc tratan de recuperar antiguas zonas cocaleras, dedicadas hoy a la lechería, y protestar ante Suiza por no apoyar la apertura de oficinas de esa guerrilla en Europa.

Demandan a Coca Cola. Sinaltrainal acusó en una Corte del Distrito de Miami a la multinacional por la muerte de tres sindicalistas. Un Juez Federal desechó los cargos contra Coca Cola Company.

Los dólares que recibió el Eln. Con presiones, y 'ayuda' de intermediarios, el Eln recibió dos millones de dólares de Mannesmann, para a 'no tocar' el oleoducto que construía la compañía alemana.

US$13 millones por rescate. En el 2001, versiones de prensa señalaron que empresas petroleras pagaron esa suma por el rescate de un argentino y varios estadounidenses liberados tras 140 días de cautiverio.

El secuestro de 12 canadienses. Ocurrió en zona limítrofe con Ecuador en 1999 y los liberaron tres meses después, ilesos, tras el pago de rescate. El gobierno de Ecuador acusó inicialmente a las Farc, pero estas negaron el hecho.

Financiación a la guerrilla. En el 2003, Paul Collier, del BM, dijo que con el pago de extorsiones y secuestros, las multinacionales financiaban a la guerrilla, que habría recibido unos mil millones de dólares.

SERGIO GÓMEZ MASERICORRESPONSAL DE EL TIEMPOWASHINGTON