El organismo afirma que las fuerzas del Estado matan cada vez más civiles y en muchos casos intentan presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate.

La oficina en Bogotá del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó este jueves su informe anual sobre los abusos en Colombia .

"La Oficina observó un incremento en el número de quejas con respecto al 2005", afirma el informe.

''Los homicidios con carácter de ejecución extrajudicial no parecen constituir hechos aislados, sino conductas que tienden a generalizarse'', dijo el informe.

El informe señala que una interpretación equivocada de la política de seguridad del presidente Álvaro Uribe, y las exigencias de los altos mandos para que los soldados presenten bajas guerrilleras en combate, pueden ser los culpables del ''leve incremento'' de ese tipo de homicidios.

Sobre el tema el Gobierno, a través de un comunicado, anunció anoche que el Ministro de la Defensa asumirá el liderazgo "en la definición de una política que (...) garantice la protección de los Derechos Humanos", entre otros.

Juan Pablo Corlazzoli, director de la oficina en Colombia del Alto Comisionado, dijo que aunque "siguen existiendo problemas de Derechos Humanos, pudo constatar que junto a esos problemas criticos hay niveles crecientes de compromiso y voluntad política para implementar soluciones".

El informe señala, sin embargo, que el gobierno ignoró el último año los vínculos entre la fuerza pública y grupos armados ilegales.

A pesar de que señaló el aumento de las ejecuciones extrajudiciales, casos de torturas y desapariciones forzosas por parte de grupos paramilitares y también del Ejército, el informe se alineó con la valoración optimista del gobierno sobre el respeto a los derechos humanos en Colombia.

En una nueva sección del informe el alto comisionado señaló que el principal factor en las violaciones de derechos humanos es la guerra civil que sufre el país desde hace medio siglo. ''Creemos que se ha logrado avanzar'', dijo Corlazzoli.

Otras organizaciones que velan por los derechos humanos manifestaron que el tono complaciente del documento, cuyas críticas en años anteriores desataron la indignación de altos funcionarios del gobierno que amenazaron públicamente con revocar el mandato de la oficina en Colombia, no debería ocultar algunos de los puntos más alarmantes.

A pesar de la desmovilización de unos 31.000 combatientes paramilitares como parte de un acuerdo de paz firmado en el 2003, el reporte denunció el resurgimiento de nuevos grupos armados ilegales.

Corlazzoli también alertó sobre la posibilidad de que algunos desplazados se conviertan en víctimas por segunda vez.

La observación se refiere al proyecto Ley de Desarrollo Rural, que ya pasó por el Senado y que hace trámite en la Cámara.

En el artículo 122, la propuesta legislativa dice que bastarían cinco años de posesión para demostrar la propiedad de un terreno, lo que permitiría, en teoría, que invasores puedan lograr títulos.

"Ese artículo debe ser revisado con mucho cuidado", dijo Corlazzoli y agregó que va en contra de quienes han sido obligados por actores armados a abandonar sus tierras.

De hecho, el ministro de Agricultura, Felipe Arias, se había comprometido a tumbar el polémico aparte en los dos debates que restan.

El informe también analizó el proceso de desmovilización 'para'. En ese punto, el organismo internacional reconoció los esfuerzos y avances en el proceso, pero también las preocupaciones relacionadas con las garantías de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.

"Los procesos contra los desmovilizados evidenciaron que los mecanismos para garantizar los derechos de las víctimas de los crímenes paramilitares son insuficientes", sostiene el informe.

Además, insta al Gobierno a desmontar nuevas estructuras paramilitares que se han ido reorganizando.