La iniciativa, para la que el Gobierno pidió apoyo de los miembros de su bancada en el Congreso, está contenida en uno de los decretos reglamentarios de la Ley de Justicia y Paz.

Es un mal mensaje: que el crimen paga, dice la senadora Gina Parody.

La propuesta del Fiscal General, Mario Iguarán, fue el plato fuerte de la segunda jornada de deliberaciones del proyecto de ley de convivencia ciudadana que discuten las comisiones primeras de Senado y Cámara, en las que Iguarán defendió la necesidad de sacrificar algo de justicia con miras a desarticular las grandes bandas criminales.

En el Congreso ya había inquietud por la idea del Fiscal de tener mayores poderes a la hora de decidir cuáles delitos deben ser investigados y cuáles no, para incentivar la colaboración con las autoridades. La propuesta de ayer encendió esas reservas y llevó a algunos congresistas a decir que se corre el riesgo de crear una legislación que beneficia directamente a las familias y allegados de los 'paras'.

Reunión en Palacio

El actual Código de Procedimiento Penal contempla la figura del principio de oportunidad, pero para conductas criminales de pequeña monta. Lo que el Fiscal había anunciado era su intención de ampliar esa facultad de negociación a delitos graves como narcotráfico y terrorismo.

Ayer sorprendió con una propuesta aditiva para que ese poder se amplíe para negociar con testaferros de los grupos armados ilegales. En principio, sólo él podría conceder el beneficio y este no aplicaría si no lo confirma la Sala Penal de la Corte Suprema.

Según explicó, la figura serviría para impulsar el proceso de reparación a las víctimas, al eliminar las trabas penales que tienen las personas que figuran como dueñas de las fortunas de los 'paras' procesados por Justicia y Paz.

La condición, dijo, es que primero "entreguen los bienes que favorezcan a la reparación y se diga la verdad".

La propuesta fue recibida con pinzas en un Congreso que tiene a nueve de sus miembros procesados por supuestos nexos con los 'paras' y a varios más investigados.

Esas dudas se oyeron el martes, en una reunión en Palacio entre congresistas, el Fiscal y el Gobierno. Y también ayer en el Congreso.

La senadora Gina Parody cuestionó: "¿Por qué nos tenemos que inventar una nueva ley cada vez que nos encontramos con una situación relacionada con los grupos ilegales? Eso da una mala impresión".

Su punto es que iniciativas como esta envían al país un mensaje equivocado: que el crimen sí paga.

Las dudas por el lado del Ejecutivo, que incluyó la norma en uno de los decretos reglamentarios de la Ley de Justicia y Paz, tienen que ver más con la situación política.

Fuentes que estuvieron en la reunión de Palacio revelaron que altos funcionarios admitieron que difícilmente podrían presentar una propuesta semejante, pero que si el Fiscal General consideraba que necesitaba las facultades había que apoyarlo.

De hecho, el ministro del Interior, Carlos Holguín, dijo que la idea serviría para desmantelar organizaciones criminales y ayudar a personas que se vieron "obligadas" a prestar sus nombres a estos grupos ilegales. Una subcomisión entregará la próxima semana un informe sobre la propuesta.

8 años es la pena máxima de cárcel que pagará un 'para' acogido a Justicia y Paz. Sus testaferros podrían pagar hasta 12 años de cárcel y los ex Auc han presionado para protegerlos.

Parody, en contra

"El tema es que a los familiares de los desmovilizados no se les aplica la Ley de Justicia y Paz (...) se les aplica la justicia ordinaria. El principio de oportunidad debe quedar como está".
Gina Parody, senadora uribista, quien está en contra de la propuesta.

En el país es delito desde 1989

En 1989, en plena guerra contra los carteles del narcotráfico, el gobierno del presidente Virgilio Barco expidió un decreto de Estado de Sitio que creó un nuevo delito en el universo penal colombiano: el testaferrato.

Hasta ese momento, las personas que aparecían como dueños de bienes de las organizaciones criminales estaban prácticamente a salvo de la justicia. Hoy, es una de las conductas más perseguidas a través de mecanismos como la extinción de dominio. El Gobierno paga millonarias campañas publicitarias invitando a los ciudadanos a no manchar su nombre prestándolo para lavar bienes. No es excarcelable y tiene pena de prisión de entre 6 y 12 años.