Mediante la norma se busca dotar al Gobierno de herramientas que permitan fortalecer al sector agropecuario.

En marzo de 2007 cuando el Congreso reinicie sus sesiones ordinarias, el proyecto pasará a la consideración de la Comisión Quinta de la Cámara y luego a la Plenaria de la misma corporación.

Sin embargo su paso por el legislativo estuvo lleno de controversias, entre ellas la planteada por Procurador General de la Nación y por parte de la senadora Piedad Córdoba, quien en una acalorada intervención reclamó del Ministro de Agricultura un supuesto engaño, pues no se respetó un acuerdo político para incluir algunas de las modificaciones para proteger a las comunidades negras.

El proyecto de Ley de Desarrollo Rural comprende varios temas como la entrega de subsidios para la compra de tierras y para las obras de adecuación necesarias (riego), la distribución de tierras en proceso de extinción de dominio y mejoras a la gestión de las instituciones del sector agropecuario como el Incoder.

20 funciones distintas Esta entidad pasaría a tener más de 20 funciones clave como definir las zonas geográficas para el desarrollo rural, diseñar los planes y gestionar los recursos de financiación y cofinanciación, lo mismo que los subsidios e incentivos que se entregan a los productores.De ser aprobada el año entrante, podrían recuperarse unos cinco millones de hectáreas que las desmovilizadas autodefensas pretenden devolver a sus dueños.En la nueva Ley se compilarán, revisarán y actualizarán trece leyes, cinco decretos-ley y 23 decretos reglamentarios, vigentes para el sector agropecuario.

Adiós al artículo más controvertido Bastó la presión del Polo Democrático Alternativo (PDA) y de una extensa carta del Procurador General, Edgardo Maya, para tumbar el artículo 122 de la citada Ley.Según éste, bastaban cinco años de posesión para demostrar la propiedad de un terreno donde ahora esté en ejecución un proyecto productivo.Así, resultará complicado para los grupos al margen ley, que hayan obligado a los campesinos a abandonar sus tierra, reconocer para sí la propiedad de más de cinco millones de hectáreas."Esta fue una buena decisión para que no aplicara la prescripción adquisitiva del dominio del bien. por el tema del desplazamiento de la población civil". anotó el viceministro de Agricultura, Fernando Arbeláez."Lo que buscamos es que quien desplace a alguien reconozca quién es el verdadero dueño del predio. Así no podrán legalizarse predios invadidos".