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Tan solo hay 10 casos de condenados por desplazamiento, cuatro resoluciones de acusación por minas antipersona y ninguna sentencia por reclutamiento de menores.
Lo sorprendente es que ninguno de estos delitos requiere de querella o de denuncia para que los funcionarios públicos actúen e investiguen de oficio.
La revelación hace parte de un estudio de la Fundación Antonio Restrepo Barco, que dur (...)
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