Vanessa Pretelt (hija del ex ministro Sabas Pretelt) y Adrianne Foglia (ex esposa de Luis Alberto Moreno, presidente del BID), habrían cobrado partidas para regresar a Colombia, pero no viajaron.

Las dos funcionarias deberían volver al país tras ser declaradas insubsistentes en los cargos diplomáticos que ocupaban en Londres. Para ellos recibieron 14.600 libras esterlinas (cerca de 64 millones de pesos colombianos).

Foglia se desempeñaba como ministra consejera en esa ciudad desde el 21 de julio del 2001, pero fue declarada insubsistente el 31 de enero de este año como pretexto para facilitarle su permanencia en la delegación unos meses después en otro cargo, sin violar la ley que la obligaba a volver al país tras cuatro años de misión.

Fue nombrada en la misma delegación el pasado 4 de agosto, con otro cargo, pero según fuentes de la Cancillería, no aceptó.

Con la hija del ex ministro Pretelt, Vanessa Pretelt, ocurrió algo similar. Ella laboraba en el consulado de Londres desde el primero de noviembre del 2001, fue declarada insubsistente el pasado 14 febrero y se le ofreció un nuevo cargo en agosto, pero según la Cancillería, también rehusó.

Lo que la Cancillería investiga ahora es si Foglia y Pretelt utilizaron el equivalente a los 64 millones de pesos para pagar los gastos de su regreso a Bogotá, dentro del tiempo previsto (dos meses).

A Foglia se le entregó un cheque por 8 mil libras esterlinas y a la hija del ministro Pretelt otro por 6.400 libras, pero al parecer no fueron utilizados de manera correcta. Eso, precisamente, es lo que la Cancillería investiga en estos momentos.

Lo que tampoco se sabe es por qué la Cancillería autorizó el pago de esos recursos a las dos diplomáticas, para retornar a Bogotá, si de antemano sabía que iban a ser nombradas de nuevo, en la misma delegación, como en efecto se intentó posteriormente, en razón de su parentesco con influyentes hombres cercanos al Gobierno.

Según el decreto 274 del 2000, Foglia y Pretelt no podían permanecer en la misión por más de cuatro años. En virtud de esa norma debían retornar al país y prestar sus servicios en la planta de personal de la Cancillería.

Pero desde el momento en que se produjo su declaratoria de insubsistencia, a comienzos del 2006, era claro que tampoco irían a trabajar en la planta de la Cancillería en Bogotá.

EL TIEMPO intentó hablar con las dos ex diplomáticas ayer, pero no fue posible conocer su lugar de residencia ahora.