El caso ocurrió en 1998, cuando Leidy Sánchez, de 14 años, murió de un tiro cuando tres policías patrullaban por Patio Bonito, sur de Bogotá.

Leidy era la encargada de cuidar a sus hermanos menores, mientras sus padres salían a trabajar. Soñaba con terminar algún día sus estudios para convertirse en modelo o enfermera.

La noche del 21 de marzo de 1998, cuando salió en chanclas y en piyama a esperar en la calle la llegada de sus padres, una bala la mató a pocas cuadras de su casa en el barrio Patio Bonito, en el sur de Bogotá.

Los testigos contaron que las balas salieron de las armas de unos policías que patrullaban el lugar.

Según los relatos, ella estaba con varios menores, quienes al notar que se acercaban hombres armados salieron a correr. Creyeron que se trataba de milicianos de las guerrillas y huyeron porque sintieron miedo. Sin embargo, un proyectil alcanzó a la niña, que murió minutos después en una clínica.

La Justicia Penal Militar asumió el caso, procesó e investigó a tres policías que vigilaban el sector, pero después de dos años los exoneró.

'Nos cambió la vida'

La familia, a través de los abogados, envió el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que acaba de emitir varias recomendaciones al Estado.

Una de ellas se cumplirá hoy en la Dirección General de la Policía, donde se reconocerá públicamente la responsabilidad del Estado.

Otra de las recomendaciones es "realizar una investigación imparcial y efectiva ante la jurisdicción ordinaria", es decir, que el caso sea tomado por la Fiscalía General.

Rafael Barrios, abogado defensor, explicó que un patrullero sindicado "aceptó que disparó al aire, pero no hacia la humanidad de Leidy".

Otra recomendación es la reparación de la víctimas, y en este sentido ya hubo un acuerdo conciliatorio entre la familia y el Estado.

Si las recomendaciones de la Comisión no se cumplen el caso pasaría a la Corte Interamericana, donde se estudian las condenas a los estados.

No es la primera vez que el Estado pide disculpas por este tipo de acciones. Ya lo ha hecho en siete ocasiones, la mayoría por casos de masacres.

Jorge Enrique Sánchez, padre de Leidy, dice que la muerte de su hija le cambió la vida a su familia: "Yo no quería vivir, mi esposa Bertha, tampoco, no se ha podido recuperar. Después de ocho años quedamos en un vacío total".

Sobre las disculpas que le brindará el Estado señala que espera "que lo haga de corazón y no por aparentar".

'Tiro al aire'

El abogado Rafael Barrios, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, explicó que la Justicia Penal Militar, en dos instancias, exoneró a los policías sindicados de participar en el hecho, entre ellos, al patrullero que disparó el arma.

Según Barrios, "el patrullero dijo que disparó al aire".

Añadió que el policía argumentó que "disparó en señal de alto y porque (los muchachos) salieron corriendo y porque era un sitio peligroso".

Sin embargo, el abogado Barrios indicó que hay pruebas técnicas que hacen dudar de la versión del disparo al aire. "En la diligencia de levantamiento -cuenta- se muestra que el disparo se hizo a unos 20 o 30 metros y en la posición hacia la humanidad de la víctima".

Dice que el caso no pasó a la justicia ordinaria a pesar de que la familia consideró que eso no era un acto del servicio.

¿Qué han sentido las víctimas al recibir disculpas en casos de masacres?

"Las disculpas no fueron suficientes. Si no me entregan el cuerpo de mi hermano no voy a estar tranquila, así el Estado nos haya pagado una cantidad de dinero". Familiar de víctima en el caso de los 19 comerciantes.

"Las disculpas hacen parte del cinco por ciento de lo que debe cumplir el Estado. Se requiere una reparación económica y de reconocimiento a la memoria". Alejandra Beltrán, pariente de muerto en masacre de la Rochela.

"Recibí un diploma a manera de disculpas, pero las palabras se las lleva el viento. No ha habido reparación, seguimos en lo mismo. La gente que hizo eso debe estar en la cárcel". Alberto Mazo, familiar de asesinado en Villatina.

"Deberían primero indemnizar a las familias y pagar los daños . Prometieron protegernos y me ha tocado huir. Deben entregarme el cadáver de mi papá". Viviana Barrera, familiar de muerto en el bombardeo de Mapiripán.

 REDACCIÓN JUSTICIA