750 afrocolombianos que viven en la Isla Grande, la más extensa del archipiélago, no pueden salir a la playa porque las cercas de las mansiones les impiden llegar.

Orika, un caserio que está en una zona boscosa ubicada el corazón de la Isla Grande, está rodeado por decenas de casas de veraneo que impiden el paso de los nativos a las playas.

Sus habitantes, en su mayoría afrocaribeños, bautizaron su caserío en honor a la hija de Benkos Biohó, el negro africano que escapó del yugo español y fundó los palenques, primeros pueblos libres de América.Irónicamente, Orika, palabra que significa libertad, es un pueblo que parece estar preso.Hugo Camargo, a quien su padre lo llevó de 4 años a vivir a la isla, dice que para darse un chapuzón en el mar sereno de Isla Grande tiene que aprovechar aquellos momentos en que los dueños de las casas de veraneo no están. "Algunos celadores de las viviendas son amigos, gente 'buena clase', y nos permiten que nos bañemos", dice. Es decir, los habitantes de Orika tienen el mar por horas y prestado a escondidas.El antropólogo Carlos Durán, que trabaja con la comunidad afro de Orika, explica que muchos propietarios decidieron traer vigilantes y restringir el paso de los nativos cuando se comenzaron a presentar algunos robos.Se oponen a desalojos porque viven del turismoAún así, en Orika el clamor es que el Gobierno no desaloje a los dueños de estas haciendas, porque consideran que de ellos dependerá gran parte de su futuro económico.Casi el pueblo entero vive de cuidar y hacer el aseo a las viviendas de "los patrones", de vender langostas, cangrejos y artesanías; de trabajar en los hoteles que se levantaron en unos 10 predios y de hacer paseos con extranjeros por arrecifes y manglares.En medio de esta situación, el pasado jueves se produjo la primera diligencia de desalojo en la isla La Cocotera, ordenada por el Ministerio de Agricultura. El alcalde Nicolás Curi y otros funcionarios del Incoder, la Procuraduría General de la Nación y la Personería sellaron la casa de Gustavo Castrillón, quien no llegó a un acuerdo para tomar en arriendo su predio, de 4 mil metros cuadrados. Y aunque el alcalde Curi dice que los nativos no serán desalojados, Camargo, quien se gana la vida como guía junto a otros 40 muchachos, dice: "Esto se sabe cómo empieza, pero no cómo termina. No sabemos si después vendrán por nosotros".

VICENTE ARCIERIENVIADO ESPECIAL DE EL TIEMPOISLAS DEL ROSARIO (CARTAGENA)