El sistema de cárceles y penitenciarías del país está en una situación crítica hace más de 20 años y ninguna de las medidas tomadas por el Estado ha servido para cambiar esa dramática realidad. Esa es la conclusión de un informe de la Contraloría General sobre las políticas del sector, del que literalmente dependen las condiciones de vida de casi 121.000 personas.
Según un informe de este órgano de control, los planes para mejorar la infraestructura carcelaria y crear más cupos se han quedado en “buenas intenciones y fallidos proyectos”. (Lea también: Polémica por proyecto del Gobierno para frenar hacinamiento carcelario)
Mientras en 1995 el hacinamiento era del 10 por ciento, hoy las cárceles mantienen una sobrepoblación de más del 54 por ciento. El cupo actual es para 78.077 personas, unos 40.000 menos que el número real de presos.
La Contraloría dice que la Unidad de Servicios Penitenciarios Carcelarios (Uspec), que entró en operación en el 2011 para depurar el manejo de las megalicitaciones del sector, heredó todos los problemas históricos de la administración de cárceles y no ha cumplido con los fines para los que fue creada.
En su administración, el hacinamiento ha crecido tres puntos. Esto pese a que entre el 2012 y el 2015 ese organismo tuvo un presupuesto de 2,1 billones de pesos, de los cuales el 67 por ciento se usaron en gastos de funcionamiento (empleados y planta física) y solo el 33 por ciento se usó para infraestructura. La Contraloría dice que para nuevas cárceles se han destinado más de 500.000 millones, pero “a la fecha ni un solo cupo nuevo se ha dado al servicio”. (Además: Sigue creciendo número de personas hacinadas en estaciones de policía)
Entre enero del 2013 –cuando la Uspec comenzó a dirigir la inversión en infraestructura en cárceles– y diciembre del 2015, la capacidad carcelaria creció en 2.466 cupos (un 3,2 por ciento), pero ese crecimiento se dio en establecimientos que ya existían y no en nuevas penitenciarías.
Por eso, el informe dice que pese a la millonaria suma que se ha gastado, “la Uspec se ha limitado a rehabilitar, acondicionar y adaptar espacios carcelarios, esencialmente camas, sin que ello haya representado realmente la creación de un nuevo cupo”.
Y no solo faltan cupos; las cárceles que hoy tiene el país son viejas, lo que lleva a que quienes están allí detenidos no vivan en condiciones dignas. Según la Uspec, la obsolescencia de la infraestructura carcelaria supera el 88 por ciento.
Así, “la vetustez, antigüedad e inoperancia de gran parte de las construcciones del Sistema Penitenciario Carcelario impiden que este propicie adecuados procesos de resocialización”, dice el informe.
Problema de vieja data
El informe señala que, en las dos últimas décadas, la situación de hacinamiento viene en crecimiento sostenidamente. En 1995 se ordenó la construcción de nueve presidios con una capacidad para 9.900 cupos, pero ya en 1998 el hacinamiento era del 33 por ciento. Esto llevó a que la Corte Constitucional declarara que la situación en los penales es incompatible con la Carta del 91 por la violación continua de los derechos de los internos.
En el 2000 se lanzó un plan para crear 24.628 cupos nuevos, de los que solo se hicieron 6.400. Y entre el 2004 y el 2009, el Gobierno de Álvaro Uribe destinó 1,1 billones –los proyectos terminaron con sobrecostos por 98.000 millones– sin que el hacinamiento mejorara. (También: Hacinamiento también llegó a estaciones de Policía de Medellín)
Uspec asegura que ha generado 3.992 cupos nuevos en cárceles del país
La directora de la Uspec, María Cristina Palau Salazar, afirmó que “desde su creación y hasta la fecha, ha generado 3.992 nuevos cupos en el orden nacional”. Asegura que de su gestión se destacan megaproyectos como los ubicados en Tuluá, con un avance de obra del 96 por ciento, y Buga, con el 75 %, “con los que se generarán 2.144 cupos nuevos”.
La Contraloría dice, sin embargo, que proyectos claves como el de colonias agrícolas en Tierralta (Córdoba) y otro en Guaduas (Cundinamarca), y el que se firmó con la Corporación Andina de Fomento apenas están en etapas iniciales.
JUSTICIA
justicia@eltiempo.com
