El plan para garantizar la tierra prometida

El plan para garantizar la tierra prometida

Conozca en qué consiste el acuerdo de la Reforma rural integral.

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27 de agosto 2016 , 07:08 p.m.

Lo pactado en el primer punto del acuerdo tiene como objetivo transformar de manera estructural el campo, para impulsar el desarrollo del país. Se parte de tres pilares: la inclusión del campesinado, la integración de las regiones y la seguridad alimentaria. Además, se prevé la reversión de las causas y efectos del conflicto armado, como la concentración en la propiedad de la tierra y el atraso rural. Para lograrlo, hay medidas que promoverían desde la restitución de la tierra a sus verdaderos dueños hasta su uso adecuado. En ese sentido, se prioriza la formalización de la propiedad y su distribución equitativa. En La Habana se definieron instrumentos como la creación del banco de tierras (que contempla la expropiación por interés social) y la habilitación de nuevas zonas de reserva campesina, así como subsidios y estímulos para la inversión rural. El Estado se compromete a financiar y promover planes de desarrollo rural para proveer infraestructura, salud, asistencia técnica, educación, alimentación y recreación. (Lea el texto completo del acuerdo final de paz)

Tres millones de hectáreas para el gran fondo de tierras

Como base de la estrategia para el acceso y el uso de la tierra, el acuerdo entre Gobierno y Farc tiene previsto habilitar un fondo de distribución gratuita. Durante los próximos diez años, ese fondo dispondrá de tres millones de hectáreas y se nutrirá por medio de seis mecanismos; uno de ellos es el de la extinción judicial de dominio de predios ilegales que pasen a manos de la Nación. También se dispondrá de los baldíos que han sido recuperados mediante procesos agrarios; de las tierras provenientes de la delimitación y actualización de las reservas forestales y de las que no están siendo explotadas.

A estas últimas se les aplicará la extinción administrativa de dominio por no cumplir la función social y ecológica de la propiedad. También se le abre la puerta a la compra o expropiación de tierras por motivos de interés social o de utilidad pública, las cuales serán adquiridas para promover el acceso a la propiedad rural. En estos casos, que han generado polémica en algunos sectores, se pagará una indemnización a sus propietarios. Finalmente, el fondo recibirá tierras donadas y se entregarán subsidios y créditos especiales de largo plazo a la población campesina, para la compra de terrenos. En el acuerdo está estipulado el perfil de las personas que podrán acceder a la distribución gratuita de tierras y a los subsidios y estímulos: “Trabajadores con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente”.

Aquí se advierte que se les dará prioridad a las mujeres cabeza de familia y a la población que ha sido desplazada como consecuencia del conflicto armado. Y hay otra excepción. Entre los beneficiarios de estas gabelas también pueden estar trabajadores de asociaciones, siempre y cuando tengan vocación agraria y demuestren que no tienen tierra o esta resulta insuficiente. Aquí también clasifican las personas o comunidades que participen en los llamados programas de asentamiento y reasentamiento tendientes a proteger el medio ambiente, sustituir cultivos ilícitos y fortalecer la producción alimentaria del país. Los estímulos también estarán enfocados en garantizar la producción agropecuaria mediante cooperativas o asociaciones de pequeños y medianos productores. No solo habrá apoyo financiero del Estado, sino acompañamiento técnico, formación, capacitación y comercialización, así como gestión de proyectos. Para darle garantía y eficacia a la selección de los beneficiarios de estos programas, esta se hará con la participación de las comunidades locales. Y, sin dar mayores detalles, se establece que tanto al Gobierno como a las comunidades les corresponderá evitar la especulación con la tierra. Como programa complementario al acceso a la tierra, se tiene previsto desarrollar planes de vivienda, asistencia técnica, capacitación, adecuación de tierras y recuperación de suelos en zonas donde estas medidas sean necesarias. También se comprometen a habilitar proyectos productivos, comercialización y acceso a medios de producción.


Campesinos, de informales a propietarios

El Gobierno se comprometió a realizar las reformas normativas y operativas para formalizar (mediante titulación o devolución del control del predio titulado) siete millones de hectáreas de mediana y pequeña propiedad rural, algunas en disputas judiciales.

En caso de que un predio formalizado sea menor a una Unidad Agrícola Familiar (área de terreno suficiente para que una familia obtenga para su sustento, lo equivalente a tres salarios mínimos mensuales), el propietario tendrá derecho a subsidios y a beneficiarse del acceso al Fondo de Tierras.

Además, los terrenos que se compren con subsidios o que se adjudiquen como baldíos tendrán un blindaje por siete años: serán inembargables e inalienables. Solamente volverán al Fondo si se comprueba que son inexplotadas.

A las víctimas del conflicto armado también se les avala la restitución de los derechos sobre la tierra y se les garantizará que puedan regresar a los predios de los que fueron despojados. Esta parte del acuerdo será implementada a través de las medidas contempladas en el punto cinco, que habla sobre las víctimas del conflicto.

Inversión en educación, salud e infraestructura

A la par con la estrategia para darle acceso a la tierra a la población campesina, el Gobierno va a financiar planes nacionales dirigidos a erradicar la pobreza extrema y a reducir la pobreza rural en un 50 por ciento, en una fase de transición de diez años. El mecanismo es el de desarrollar infraestructura y adecuar la tierra.

Un punto clave es el desarrollo social (salud, educación, agua potable y vivienda) y otro es el de la estructura vial para integrar regiones, tener acceso a servicios sociales y a mercados. También incluye infraestructura de riego, ampliación de la cobertura eléctrica y la conectividad para la aplicación de soluciones tecnológicas en el campo.

Además se establece que, en un plazo máximo de siete años, el Gobierno deberá concretar la formación y la actualización del catastro rural. La medida busca que los municipios liquiden, cobren y recauden efectivamente ese tributo. Se establecerá un mecanismo de cobro progresivo bajo la premisa de que ‘el que más tiene, más paga’, fundamentada en la equidad y justicia social. Estarán exentos de ese pago los beneficiarios de programas de acceso a la tierra y los pequeños productores. En estos casos, los municipios que dejen de percibir esos ingresos recibirán incentivos si los requieren.

Sí a Zonas de Reserva Campesina

Además de proteger las áreas de interés ambiental, el Gobierno se comprometió a apoyar las llamadas Zonas de Reserva Campesina (ZRC). En el acuerdo están definidas como iniciativas agrarias que contribuyen a la construcción de la paz, a la garantía de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los campesinos, al desarrollo con sostenibilidad socioambiental y alimentaria, y a la reconciliación de los colombianos. Así las cosas, en concertación con las comunidades, el Gobierno se comprometió a promover el acceso a la tierra y a la planificación de su uso en las ZRC. En este sentido, apoyará los planes de desarrollo de las ZRC que ya están constituidas y de las que nazcan al amparo del acuerdo de paz con las Farc. Estas últimas se crearán como resultado de mecanismos de concertación, y el Gobierno definirá su ubicación y extensión con las comunidades y atendiendo sus necesidades.

EL TIEMPO

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