Los magistrados no deben ser juzgados solo por las pruebas: Corte

Los magistrados no deben ser juzgados solo por las pruebas: Corte

Fallo que tumba Tribunal de Aforados dice que se debe tener en cuenta la estabilidad institucional.

Los magistrados no deben ser juzgados solo por las pruebas: Corte
15 de julio de 2016, 02:42 am

La cuestionada Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara no solo revivió con el fallo de la Corte Constitucional que este jueves enterró al Tribunal de Aforados, elemento clave de la reforma de equilibrio de poderes.

También quedó blindada para cualquier reforma que se intente a futuro, pues la sentencia establece que los altos magistrados y el Fiscal General solo pueden ser investigados y acusados por congresistas, y que estos no solo pueden tener en cuenta las pruebas del caso, sino “valoraciones asociadas a la estabilidad de las instituciones, a la protección del régimen constitucional o, en suma, al bien común”. Es, precisamente, el mismo mecanismo cuya inoperancia en más de 40 años de la Comisión de Acusación llevó, en el 2015, a la creación del Tribunal de Aforados.

La Sala Plena acogió una demanda del exfiscal Eduardo Montealegre y decidió que el Congreso sustituyó a la Constitución al reformar el órgano de control de la cúpula de la justicia creando un tribunal especial conformado por cinco nuevos magistrados. El fallo, que borra el componente judicial del equilibrio de poderes, dice que el Legislativo hizo cambios que afectaron la independencia de la justicia y violaban el debido proceso.

Y agrega: “La asignación a un órgano electo popularmente de la titularidad de la acción o función de acusación por causas constitucionales cuando se trate de los magistrados de las altas cortes y del Fiscal tiene por finalidad proveer de legitimidad democrática directa a la suspensión, remoción o sanción del funcionario que se encuentra en el vértice de la rama judicial”. (Lea también: La Corte Constitucional hundió el Tribunal de Aforados)

La Corte asegura que para la democracia colombiana es clave un procedimiento como el actual, en el que las “valoraciones no se agotan en lo estrictamente jurídico”, sino que considera también “aquellas relativas a la estabilidad institucional, al bien común o a la conveniencia”.

Los magistrados echaron mano de un polémico argumento que ya había sido usado en 1999, en el fallo de tutela que enterró las investigaciones de la Corte Suprema contra los representantes a la Cámara que cerraron la investigación contra Ernesto Samper por la infiltración de su campaña presidencial de 1994: “Bien podría un congresista considerar que existen fuertes pruebas contra un alto dignatario, pero estar convencido de que su destitución puede tener efectos catastróficos para el país, y por ello, consultando el bien común, opinar y votar en favor del investigado”.

Y agregan ahora: “En consecuencia, razones asociadas al bien común, dirigidas por ejemplo a amparar la estabilidad del poder judicial, pueden ser planteadas en el Congreso de la República (...) Esta clase de valoraciones se justifica por las funciones especiales otorgadas a los magistrados de las altas cortes y al Fiscal General”.

El fallo cuestiona que con la reforma, “el régimen de acusación y juzgamiento por la comisión de delitos comunes o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones solo puede tomar en consideración el régimen sancionatorio correspondiente y no, como ocurría en el régimen anterior, razones vinculadas al bien común. Este cambio en el parámetro de valoración de la conducta de los aforados tiene entonces profundas consecuencias”.

María Victoria Calle, Luis Guillermo Guerrero, Luis Ernesto Vargas, Gabriel Eduardo Mendoza, Alberto Rojas Ríos, Gloria Stella Ortiz y Jorge Iván Palacio votaron por hundir la reforma con el polémico argumento de sustitución de la Constitución del 91. De ellos se apartó el magistrado Alejandro Linares, quien consideró que el Tribunal era inexequible pero por razones de trámite (violación al principio de consecutividad en los debates legislativos) que podían ser subsanados. Jorge Pretelt estaba impedido y no votó.

Congreso habla de ‘decisión impúdica’

Gobierno y Congreso criticaron la determinación, que estaba ‘cantada’ hacía varias semanas y que hace eco a la oposición que desde el primer día tuvo la reforma en la cúpula de la justicia.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reiteró el acatamiento del Gobierno a todas las decisiones de la justicia, pero lamentó que este fallo “signifique que se revive la Comisión de Acusación, que ha demostrado a través de la historia su ineficacia para investigar a los altos funcionarios del Estado”.

“La Corte Constitucional tomó una decisión que respetamos y acatamos, pero que no compartimos. No consideramos que el Consejo de Gobierno Judicial y el Tribunal de Aforados sustituyan a la Constitución”, dijo.

La senadora liberal Viviane Morales calificó el fallo como “una decisión impúdica porque los magistrados están decidiendo quedarse sin juez”. “La Corte desde hace muchos años ha venido corriendo las fronteras de sus competencias por encima de las que le dio la Constitución”, aseguró.

Armando Benedetti, senador de ‘la U’, asegura que esta es “una decisión arbitraria, por fuera de las competencias de la Corte, que si la hubiera tomado cualquier otro funcionario habría sido considerada como prevaricato”.

La Corporación Excelencia en la Justicia y Dejusticia, dos de los observatorios jurídicos más reconocidos del país, destacaron que las altas cortes no tienen voluntad de cambio frente a los graves problemas que las rondan.

El exmagistrado Wilson Ruiz, por su lado, señaló como necesaria una reforma que garantice “mayor control sobre los funcionarios que gozan de fuero”, pero dijo que ese proyecto debe ser consensuado con la justicia.

Tres casos emblemáticos

Jorge Pretelt. Magistrado de la Corte Constitucional. Es el único caso, en 40 años, en el que la Comisión de Acusación logra llevar un proceso ante el Senado. La plenaria lleva medio año esperando un informe para decidir si lo suspende y juzga por indignidad.

Henry Villarraga. Exmagistrado de la Sala Disciplinaria de la Judicatura; renunció por un escándalo. Estaba señalado como uno de los principales responsables del ‘carrusel’ de pensiones en la Judicatura, caso que en 5 años no se ha movido en la Comisión.

Luis Camilo Osorio. Exfiscal general. Su administración fue duramente cuestionada por supuesto favorecimiento a grupos paramilitares. Esos cuestionamientos, que lo forzaron a renunciar a la embajada en México, no han avanzado en la Comisión en más de 10 años.

Se hundió lo que tocaba el poder de las cortes

El pasado 1.° de junio, la Corte dio el primer golpe a la reforma al equilibrio de poderes reviviendo la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y enterrando definitivamente el Consejo de Gobierno Judicial, el órgano que debía entrar en vigencia en diciembre pasado, pero que por varias denuncias no pudo siquiera terminarse de conformar.

Con siete votos contra uno -el del magistrado Alejandro Linares-, la Corte Constitucional consideró que darle vida al Consejo de Gobierno Judicial implicaba una violación a la autonomía de la Rama y que con esa propuesta el Congreso había sustituido a la Constitución.

El magistrado Luis Guillermo Guerrero, en su ponencia, planteó que la reforma afectaba el autogobierno que la Constitución de 1991 había garantizado a la justicia, en particular, porque ese Consejo de Gobierno estaría conformado, no solo por funcionarios de la Rama Judicial, sino por personas externas. Lo que se pretendía con esa propuesta era que expertos en temas de administración de recursos públicos le pusieran rigor al manejo del presupuesto de la Rama, que en esa entidad supera los tres billones trescientos mil millones de pesos.

Pero con la decisión, la Corte no solo revivió la desacreditada Sala Administrativa, sino que le sumó funciones que la reforma le había dado al Consejo de Gobierno Judicial, como la realización del concurso de méritos para integrar el Consejo de Disciplina Judicial, que reemplazará a la Sala Disciplinaria de la Judicatura. Y si el Tribunal de Aforados se hubiera salvado, la Sala Administrativa tendría también la función de hacer el concurso para seleccionar a sus integrantes.

Se salvó la prohibición de la reelección

Uno de los puntos de la reforma que se salvó en su examen en la Corte Constitucional fue la prohibición de la reelección presidencial.

La Corte dejó en firme lo aprobado por el Congreso el año pasado al considerar que la reelección presidencial solo podrá revivir si así lo decide directamente el pueblo.

De hecho, en el articulado había quedado una cláusula que establecía que esta figura se reviviría solo si hay referendo por iniciativa popular o una asamblea nacional constituyente.

Esta prohibición no cobija al Vicepresidente cuando ha ejercido la Presidencia por menos de tres meses, en forma continua o discontinua, durante el cuatrienio.

También quedó a salvo el Consejo de Disciplina Judicial que entrará a reemplazar a la Sala Disciplinaria de la Judicatura. La Corte se declaró inhibida para estudiar la demanda contra ese organismo disciplinario.

Esta nueva instancia encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión estará conformada por siete magistrados para un periodo de ocho años.

Por ahora, la elección de esos magistrados está 'en el congelador' por decisión del Consejo de Estado que frenó los efectos de la reforma.

Igualmente están a salvo, pues no han sido demandados, todos los artículos correspondientes al tema político vinculados por ejemplo a la forma de reemplazar las curules en el Congreso y la representación en el Legislativo de las circunscripciones especiales.

También quedó vigente la forma de elección del Contralor General que será designado por el Congreso en Pleno, por mayoría absoluta, en el primer mes de sus sesiones para un periodo igual al del Presidente de la República.

Reforma judicial: una asignatura pendiente

La muerte de la mayor parte del componente judicial de la reforma del Equilibrio de poderes, decidida por la Corte Constitucional, es un fracaso más en la cruzada para acabar con algunos de los más graves vicios y problemas de la justicia.

Algunos intentos de reforma han naufragado porque las mismas cortes se han atravesado y otros, porque no han logrado tomar forma en el Legislativo. Según el exconstituyente Jaime Castro, “lo ocurrido en las últimas décadas evidencia que las equivocaciones y abusos del Congreso y las cortes han vuelto esto una asignatura pendiente”.

El fracaso más reciente fue el del 2012, cuando el gobierno del presidente Juan Manuel Santos presentó una reforma que pretendía modificar la Constitución en lo relacionado con la administración de la justicia.

En la conciliación de los textos aprobados en Cámara y Senado los congresistas incluyeron varios ‘megamicos’ en beneficio propio que llevaron a que el Presidente se negara a sancionar la reforma y convocara a sesiones extras para hundirla. Fue un procedimiento poco ortodoxo que evitó, en todo caso, un caos institucional.

“Sus patrocinadores y autores la aprovecharon para legislar con nombre propio y a favor suyo”, dice Castro.
En el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) también hubo intentos por hacer enmiendas a la justicia, pero los proyectos fueron retirados antes de concluir el trámite en el Congreso.

Primero, en el 2002, el ministro del Interior y encargado de Justicia, Fernando Londoño, propuso reformar 23 artículos de la Constitución; luego, en el 2008, el ministro Fabio Valencia lideró otro cambio para permitir la doble instancia en el juzgamiento de congresistas, y ambos proyectos fracasaron.

Pero no se trata de una situación reciente. El presidente liberal Alfonso López Michelsen (1974-1978) lideró la Pequeña Constituyente, que debía hacer una reforma a la Carta, pero la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no le permitió prosperar.

JUSTICIA
Justicia@eltiempo.com