La Constitución del 91

La Constitución del 91

La Constituyente del 91 nos dejó cambios profundos y mostró el camino para construir la paz.

La Constitución del 91
10 de julio de 2016, 05:32 am

El 5 de julio cumplió 25 años la Constitución del 91. La de 1886, que nos rigió por más de 100 años, resultó ser una Constitución poco democrática, pues permitió gobernar con frecuencia mediante estado de sitio, suspendiendo la vigencia de libertades públicas y el control político sobre el Ejecutivo. Más aún, era una Constitución alejada de los intereses cotidianos de los ciudadanos y excesivamente centralista. Las diferencias con los últimos 25 años, bajo nuestra carta actual, no pueden ser más dramáticas en estas y otras materias.

La Carta del 91 acercó el Estado a los ciudadanos y los empoderó. Les otorgó amplia protección constitucional a sus derechos individuales –fundamentales, sociales y económicos– y, por primera vez, a sus derechos colectivos (el medioambiente, el espacio público, el patrimonio público, la libre competencia económica).

Aún más, los dotó de herramientas para que ellos mismos pudieran defenderlos: la tutela, la acción popular y de grupo, la acción de cumplimiento, la revocatoria. Aunque algunos de estos instrumentos han sido menos efectivos de lo esperado, por deficiencias en su desarrollo legal, y aún ocurren violaciones de derechos individuales y colectivos en el país, no hay duda de que el cambio ha sido enorme.

La descentralización dinamizó muchas regiones y localidades, y facilitó a los ciudadanos influir en el manejo de su ciudad o municipio. Y ello pese a importantes deficiencias del nuevo régimen, pues fortalecimos los municipios pero no los departamentos, y no creamos sistemas efectivos de apoyo para los más atrasados ni para evitar la corrupción local.

Por lo anterior, hoy los colombianos defienden su Constitución y se oponen a que la cambien en sus aspectos fundamentales. Por eso la opinión pública rechazó la exigencia de una nueva constituyente por las Farc. Y es muy positivo que los dirigentes guerrilleros, que antes cuestionaban la legitimidad del Estado, hoy busquen la protección de sus futuros derechos mediante su incorporación a nuestra Carta Constitucional.

Por demás, la Constitución de 1991 modernizó aspectos claves de nuestras instituciones económicas. Nadie cuestionala importancia que tuvo otorgar autonomía al Banco de la República como autoridad monetaria y prohibirle la emisión a favor de intereses sectoriales particulares, como antes ocurría. Gracias a ello, nadie piensa que volveremos a inflaciones de 20 a 30 por ciento, como era usual.

Es menos conocida, pero igualmente efectiva, la mejoría que ha habido en la cobertura y calidad de los servicios públicos domiciliarios, gracias al régimen instaurado en 1991 de protección del consumidor y competencia en su provisión, bajo estricta regulación, control y supervisión estatal. Lástima que no incluimos los servicios de transporte público bajo ese régimen, como buscó hacerlo la reciente ley de infraestructura, hoy desafortunadamente frenada en su aplicación.

Hay otras áreas donde hubo avances, pero ciertamente no se lograron los objetivos propuestos. La Corte Constitucional ha protegido la integridad de la Carta y ha hecho desarrollos jurisprudenciales importantes en la protección de los derechos ciudadanos, aun cuando algunas decisiones han ocasionado traumatismos fiscales.

Y la Fiscalía, pese a sus excesos burocráticos, ha incidido en la condena de uno que otro narco y ‘parapolítico’, a diferencia de lo que antes sucedía. Pero no hay duda de que el sistema judicial necesita reformas adicionales urgentes.

Por demás, la Asamblea Constituyente de 1991 mostró el camino para la construcción de la paz. Todas las vertientes políticas, sociales, culturales y religiosas allí representadas se empeñaron en construir por consenso un país mejor, donde todos quepamos. Deberíamos seguir hoy su ejemplo.

GUILLERMO PERRY