Editorial: El siguiente gran desafío

Editorial: El siguiente gran desafío

La minería ilegal está en las antípodas de lo que se requiere para que la paz sea estable y duradera

6 de julio de 2016, 12:36 am

Las cifras que trae el informe dado a conocer la semana pasada por la Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU (UNODC) junto con los ministerios de Justicia, Ambiente y Minas permiten aseverar que la minería ilegal ha pasado a ser la principal amenaza para el anhelo de que este país se encamine definitivamente hacia mejores tiempos.

Su existencia y, lo que es peor, su evidente auge son un dardo al corazón de la ilusión que se renueva y se hace más robusta con cada avance que se registra en el proceso de paz con las Farc. Por eso es fundamental a estas alturas dejar en claro las dimensiones del problema, porque de cómo se enfrente depende que el país no se encuentre a la vuelta de un par de años cara a cara con una dolorosa frustración.

Se trata de un monstruo con varios tentáculos. Está el que inflige una herida mortal en la geografía en términos de deforestación –78.939 son las hectáreas afectadas, un área de bosques equivalente a cinco veces el parque Simón Bolívar de Bogotá desaparece anualmente solo en el Chocó por culpa de esta actividad–, de contaminación del suelo y de los ríos con cianuro y demás sustancias nocivas para el ser humano. En un territorio envenenado –suena a verdad de Perogrullo, pero hay que decirlo– no puede germinar la semilla de la paz estable y duradera.

Un daño similar produce otro tentáculo, el que rasga el tejido social y permite el surgimiento de instituciones paralelas a las del Estado que lo sustituyen en tareas como la administración de justicia y que, en lugar de funcionar con apego a una Constitución, funcionan bajo la égida de la ley del más fuerte. Esa bajo la cual impera la desconfianza, que solo admite sus normas de convivencia, que desconfía y desactiva cualquier intento de organización de la gente para mejorar sus condiciones de vida, que anula de facto la vigencia del Estado de derecho.

Ligado a este tentáculo figura el de la corrupción, con potencial para distorsionar y corroer cualquier asomo de institucionalidad que permanezca en la zona o intente entrar en ella para verificar si las minas cuentan con licencia o asegurarse de que su funcionamiento cumple con las normas vigentes. Lo hace valiéndose de los multimillonarios recursos que derivan de esta actividad –se calculan en 45.000 millones de pesos al mes– y que alimentan redes internacionales de crimen organizado. Ni un solo peso se queda para hospitales, escuelas e infraestructura, en las regiones donde tiene lugar la extracción.

Como puede verse, la minería ilegal está en las antípodas de lo requerido con miras a que la paz sea estable y duradera. Razón suficiente para que el asunto sea prioritario para el Gobierno, con el fin de que este tome las medidas necesarias que permitan desactivar los factores que han permitido que dicho cáncer haya hecho metástasis como lo ha hecho a lo ancho del territorio nacional. Esto es: que la persecución de las organizaciones que se nutren de ella y la destrucción de la maquinaria tienen que ser solo un esfuerzo más entre varios. Hay que apuntar a los insumos que la hacen posible, a la manera como se lavan los dineros que produce, pero sobre todo a que en los lugares donde esta hoy florece, el pacto social que encarna el Estado la arranque de raíz.


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