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Estos son los males que impiden el acceso a la justicia en el país

A mayor pobreza de los habitantes hay menos posibilidades de obtener resultados judiciales. Informe.

JUSTICIAjunio 14 de 2016, 09:07 P.M.

En Colombia, solo el 43 por ciento de las personas que tienen un conflicto deciden ponerlo en conocimiento de las autoridades. De esos procesos, únicamente el 10 por ciento llega a manos de un juez. De las personas en situación de pobreza, tan solo el 28 por ciento dice conocer sus derechos. Y para acompañar a todos los sindicados que no pueden pagar un abogado, solo hay 3.382 defensores públicos en todo el país, es decir, 1 por cada 14.000 habitantes.

Estas alarmantes cifras hacen parte del diagnóstico que realizó la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) sobre el estado actual del sistema judicial en Colombia y que resultó ganador del premio a la investigación en políticas públicas Luis Carlos Sarmiento Angulo-Anif.

El documento de 247 páginas, titulado ‘Caracterización de la justicia formal en Colombia y elementos para la construcción de una agenda estratégica para su mejoramiento’, señala que algunos de los principales males que padece la Rama Judicial están concentrados en el difícil acceso de los ciudadanos al sistema, las amenazas a la independencia de los operadores, la falta de seguridad jurídica y los bajos niveles de eficiencia.

Una de las explicaciones que da a la falta de legitimidad de la justicia hoy es que, mientras la demanda del sistema judicial aumentó en 175 por ciento entre los años 1993 y el 2013, la oferta (número de despachos y funcionarios) solo creció 48 por ciento.

La pobreza es también, de acuerdo con esta investigación, una de las principales barreras de acceso a la justicia. De hecho, la cantidad de demandas interpuestas es directamente proporcional a las condiciones de desarrollo económico de las comunidades.

Esto se refleja en el número de demandas que hay en los despachos judiciales de los municipios con mayor índice de calidad de vida, que son en promedio 7.380 por cada 100.000 habitantes. Pero en los municipios más pobres son 4.656.

Además, los costos en asesoría, representación legal, el transporte para asistir a las diligencias judiciales y hasta el tiempo empleado en los trámites disminuyen las oportunidades de acceso para quienes tienen menos recursos.

El estudio señala también que los parámetros abiertos que caracterizan la negociación con los abogados para contratar sus servicios van en desmedro de los ciudadanos, especialmente de los que tienen menos recursos o menos educación. Esto, asegura, “genera barreras económicas para acceder a la justicia”.

El informe de la Corporación Excelencia en la Justicia incluye una propuesta de agenda para reformar integralmente el sistema y señala que uno de los objetivos básicos debe ser recuperar la legitimidad y la confianza perdidas por los niveles de impunidad y los procesos sin fin.

Según el índice global de impunidad (IGI) 2015, Colombia se encuentra entre los cinco países con los índices más altos. Además, la CEJ cita un estudio de Ministerio de Justicia según el cual la impunidad en casos de homicidio es del 97 por ciento.

Los procesos, por su parte, pueden tardar en surtir una primera instancia: 262 días los penales, 334 días los laborales y 418 días los ejecutivos. No obstante, el mayor retraso sucede cuando los procesos llegan a las altas cortes. Por ejemplo, en la actualidad, el Consejo de Estado está conociendo algunos expedientes relacionados con el conflicto armado que entraron al sistema a mediados de los 90.

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