Corte le ordena al Gobierno tomar medidas para proteger al pueblo Nasa

Corte le ordena al Gobierno tomar medidas para proteger al pueblo Nasa

Aseguró que su supervivencia está en riesgo por el conflicto armado, el narcotráfico y la minería.

Corte le ordena al Gobierno tomar medidas para proteger al pueblo Nasa
11 de junio de 2016, 12:31 am

Durante los últimos 20 años el pueblo Nasa ha sufrido al menos 23.000 violaciones a los derechos humanos. Esa dramática cifra se traduce en 20.800 desplazamientos forzados, 650 indígenas de estas comunidades asesinados, 550 heridos y 500 retenidos de manera ilegal.

En esas dos décadas, además, 250 han sido amenazados, en la zona han ocurrido 150 masacres, y 100 de sus integrantes han sido desaparecidos sin que hoy se conozca su paradero. El reclutamiento forzado de las Farc ha afectado al menos a un centenar de niños Nasa, y 60 de sus integrantes han sufrido torturas. Otros 25 se han suicidado, y por lo menos 15 mujeres de la comunidad han sufrido hechos de violencia sexual.

Y mientras -según afirman líderes étnicos-, algunas autoridades de la zona los señalan como guerrilleros, los grupos al margen de la ley los consideran un obstáculo para sus actividades de narcotráfico y sus planes militares. Muchas de las víctimas eran médicos que practicaban la medicina ancestral, o líderes y guardias indígenas que rechazaban cualquier forma de violencia en sus territorios.

Esta es la razón por la que la Corte Constitucional, en una trascendental sentencia, falló una tutela a favor de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) que reclama por la vulneración recurrente contra la vida, integridad personal y el debido proceso de comunidades étnicas Nasa que han sido beneficiarias de medidas cautelares del 2005, 2008 y 2011 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La sentencia beneficia en total a 42.000 indígenas Nasa que habitan los pueblos de Toribío, San Francisco, Tacueyó y Jambaló. El Cauca, precisamente, ha sido una región de dominio histórico de las Farc (en el 2011 Alfonso Cano murió en zona rural de este departamento en un operativo de la Fuerza Pública) y  hoy es uno de los departamentos con más cultivos ilegales de coca de los que se lucran los grupos ilegales.

La representante legal de ACIN, Luz Eyda Julicué Gómez, aseguró en el proceso que las masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, secuestros, amenazas y otros hechos violentos, protagonizados por grupos armados ilegales, no han cesado en su contra. Tampoco “la discriminación, señalamientos, estigmatizaciones y excesos de fuerza” por parte del Ejército y el Escuadrón Antidisturbios.

Y aunque según el fallo han sostenido reuniones con el Ministerio del Interior, la Unidad de Protección, la Fuerza Pública, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría para acordar medidas de protección, según lo ordenado por la CIDH, Julicué sostiene que esas acciones han sido insuficientes, muchas veces porque se dan por un tiempo muy corto y no han ayudado a prevenir nuevos hechos violentos.

Mientras el Ejército ha aumentado su pie de fuerza en la región, los Nasa aseguran que esto ha llevado a que militarizar resguardos indígenas, incremente "el fuego cruzado entre Ejército, Farc, y bandas criminales”.
Esta zona se convirtió para los Nasa en un campo de batalla. “Los indígenas enfrentan obstáculos para cultivar sus productos, acceder a los recursos naturales de los que depende su subsistencia y transmitir sus prácticas, valores y enseñanzas culturales a las nuevas generaciones. Esta situación, en resumen, amenaza la supervivencia física y cultural de todo el pueblo”, dijo la líder étnica en la tutela.

Con esos argumentos Jalicué le pidió a la Corte que ordene un cese al fuego bilateral por parte del Ejército y las Farc, el cumplimiento de las medidas cautelares de la CIDH, el funcionamiento efectivo de los esquemas de protección de ocho líderes indígenas, la atención de cinco concejeros y la celeridad en la valoración del riesgo de otros de sus representantes. Además, solicitó un mayor control estatal a la minería ilegal en la zona y al narcotráfico, hechos que, asegura, “atraen y justifican el accionar de grupos armados al margen de la ley en la zona”.

La Corte hizo una reconstrucción de la historia del pueblo Nasa, y encontró que “pese a los intentos del Gobierno por acatar las medidas cautelares decretadas por la CIDH, y la elaboración del Plan de Salvaguarda, la amenaza sobre los derechos del Pueblo Nasa persisten y el riesgo en contra de su existencia física y cultural continúa”.

Y aunque desde hace 6 años el Gobierno creó un Plan de Salvaguarda, según las órdenes de la CIDH, la Corte asegura que “aún falta un periodo indeterminado para su puesta en marcha”. Esa estrategia, además, “no ha tenido la eficacia, ni ha respondido con la urgencia necesaria para atender el serio problema de seguridad y las amenazas de extinción física y cultural del pueblo indígena Nasa”.

Las órdenes de la Corte

Si bien la Corte no ordena un cese al fuego bilateral, como pidió la tutelante, da una serie de mandatos para buscar garantizar la seguridad de todo el pueblo. Por ejemplo, aunque 40 de los indígenas que interpusieron la tutela tienen medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Corte dice que la generalidad de los habitantes de los cuatro resguardos Nasa siguen siendo afectados por el conflicto armado.

Por eso, la Corte dice que el Estado debe dejar de desarrollar una estrategia única o mayoritariamente desde la entrega de esquemas de seguridad, pues tendría que “llegar al absurdo de ofrecer esquemas individuales de protección a todos los indígenas con influencia política más o menos notoria”.

Para proteger “a todo el pueblo” la Corte dice que el Estado debe encontrar medidas específicas para garantizar el derecho a la memoria, la autonomía y el territorio colectivo. Para esto, el alto tribunal le ordenó al Gobierno concertar las medidas con la comunidad con el fin de encontrar soluciones que les permitan superar los hechos de violencia.

Además, la Corte aseguró que el territorio Nasa es inviolable por lo que “la única intromisión permitida es aquella que resulta ser estrictamente necesaria”. Por esto el Estado debe prever cualquier riesgo, "incluso el derivado de operaciones militares y policivas, así como los que trae la minería".

La Corte también ordenó que se capacite a la Fuerza Pública para que comprendan las principales características del pueblo Nasa, y “la manera en que han sido perjudicados por el conflicto armado interno”.

El alto tribunal dice que resulta una amenaza contra los Nasa los pronunciamientos y documentos oficiales que asocian a las comunidades paeces (Nasa) con grupos guerrilleros, paramilitares o delincuenciales de cualquier tipo pues “desconocen sus esfuerzos por mantenerse al margen del conflicto”.

Un pueblo en peligro de extinción

La Corte recordó que el mismo Gobierno hizo en su momento un diagnóstico que concluyó que entre 1995 y 2012 en el Valle del Cauca y Cauca hubo 2.204 víctimas indígenas, sin incluir a los desplazados por la violencia. De ese total, al menos 774 fueron víctimas de actores armados estatales, 492 de grupos insurgentes, 398 de paramilitares y 540 fueron responsabilidad de otros grupos.

Además, el alto tribunal aseguró que la minería, los cultivos ilícitos de marihuana y coca afectan sus territorios porque obligan a talar sus bosques, les llevan a perder autonomía de sus fuentes hídricas, y a cambiar sus actividades de agricultura.

Los magistrados de la Corte concluyeron que la “supervivencia física y cultural del Pueblo Nasa está en grave riesgo” por la violencia histórica y actual que “ha acabado con la vida y al tranquilidad de centenares de sus líderes, guardias y comuneros”.

“Como resultado de lo anterior, los Nasa son un pueblo indígena que hoy se auto reconoce en resistencia pacífica, ante lo que considera como una guerra perpetua contra su existencia. Desde hace siglos, se han destacado, primero, por tener que defender su territorio y cultura de una inmensa y heterogénea cantidad de agresores y, segundo, por responder a este desafío con braveza y valentía . Consecuentemente, afirman que viven en un preocupante desequilibrio a raíz de la mencionada yuxtaposición de actores e intereses, que desconoce el espacio específico que le corresponde a cada ser y a cada pueblo”, dice la sentencia.

La Corte asegura que “es asombroso que ante un escenario tan adverso como el que les ha tocado enfrentar, sigan vivos” y exalta la fuerza para resistir de este pueblo de manera pacífica y organizada.

Sobre si las medidas decretadas por la CIDH son o no vinculantes, la Corte recordó que en seis oportunidades se ha pronunciado afirmando que sí tienen este carácter y que “deben ser siempre acatadas”, pues Colombia ha reconocido la convención americana y el Bloque de Constitucionalidad.

Además, dice la Corte, el cumplimiento de las órdenes que da la CIDH debe ser inmediato y desacatarlas conlleva a desconocer los compromisos internacionales de Colombia y a una posible responsabilidad internacional del Estado.

La respuesta del Estado

En el proceso, tanto Policía como Ejército afirmaron que desde hace más de un año que en la región no se presentan hechos de violencia. La Policía aseguro, por ejemplo, que los grupos armados no han protagonizado este tipo de situaciones en parte por el cese al fuego unilateral decretado por las Farc el 15 de julio del año pasado.

Los Ministerios y el Gobierno en general afirmaron, por su parte, que han cumplido cabalmente las órdenes dadas por la CIDH a través de designación de escoltas, suministro de equipos de comunicaciones, vehículos blindados, entre otras medidas.

El Gobierno dijo, además, que las medidas decretadas por la CIDH no debían ser de obligatorio cumplimiento pues correspondían a un tema de política interna.

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