Resurrección de la Judicatura, golpe al equilibrio de poderes

Resurrección de la Judicatura, golpe al equilibrio de poderes

Corte Constitucional tumbó Consejo de Gobierno Judicial porque viola la autonomía de la Rama.

Resurrección de la Judicatura, golpe al equilibrio de poderes
2 de junio de 2016, 03:24 am

La eliminación de la polémica Sala Administrativa de la Judicatura, que en el 2015 fue una de las banderas con las que el Gobierno logró aprobar en el Congreso la reforma del equilibrio de poderes, se cayó este miércoles en la Corte Constitucional.

Por siete votos contra uno –el del magistrado Alejandro Linares–, la Corte consideró que el Congreso sustituyó la Constitución al crear el Consejo de Gobierno Judicial, lo que en opinión de la mayoría iba en menoscabo de la independencia de la Rama Judicial. Con ese argumento revivió a la eliminada Sala Administrativa de la Judicatura, que asume las funciones que la reforma del 2015 le había dado al Consejo de Gobierno Judicial.

Aunque el demandante, el abogado Carlos Santiago Pérez Pinto, también pidió tumbar a la Comisión de Disciplina Judicial, que reemplazaba a la Sala Disciplinaria, la Corte se declaró inhibida por vacíos en la demanda. Esto significa que, al menos por ahora, esa cuestionada Sala sí desaparece.

La Corte respaldó la ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero, quien planteó que la reforma de equilibrio de poderes afectaba el principio de autonomía y autogobierno que la Carta del 91 le garantizó a la justicia, entre otras razones porque les daba a funcionarios externos asiento en el Consejo de Gobierno. Estos eran tres técnicos, expertos en temas de administración de recursos públicos y sistemas, que en principio debían solucionar uno de los vacíos históricos de la Judicatura: la falta de rigor en el manejo de la plata y los recursos de la justicia colombiana. (Lea también: Velasco dice que mantener Judicatura es un 'golpe fuerte' al Congreso)

La realización de los concursos de méritos para conformar la Comisión Disciplinaria y el Tribunal de Aforados –órgano creado por la reforma para reemplazar a la Comisión de Acusación– queda en manos de la Sala Administrativa de la Judicatura, que hoy tiene a sus seis magistrados nombrados en propiedad. Esto, en teoría, podría marcar el despegue de la aplicación de los cambios establecidos en el equilibrio de poderes, pues desde finales del año pasado el Consejo de Gobierno estaba suspendido por dos demandas ante el Consejo de Estado.

La Sala Administrativa también conservará, según el fallo, la función de enviar listas de 10 elegibles de las cuales el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia deben seleccionar a sus magistrados.

El Gobierno, que es el primer afectado con la decisión, señaló a través del ministro de Justicia, Jorge Londoño, que acata las órdenes de la Corte y que esperará a conocer el fallo en su totalidad para definir una estrategia. Ante la posibilidad de una constituyente para reformar la justicia, este miércoles el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que “no se puede descartar”.

Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, lamentó lo que interpretó como el “mensaje de las altas cortes de que se consideran intocables”, lo que en su concepto les da vuelo a “ideas peligrosas” como la de una constituyente focalizada. Borrero señaló, sin embargo, que lo que ahora procede es que la Sala Administrativa demuestre que en realidad se merece la segunda oportunidad que le llegó por cuenta de la Corte Constitucional. (Además: Los pecados de un órgano cuestionado)

Por su lado, el director de Dejusticia, César Rodríguez, lamentó el fallo como “una oportunidad perdida para fortalecer la administración de justicia y hacerla independiente y eficaz”.

Peligra Comisión de Aforados

Por ahora, la reforma se mantiene viva en lo que toca a la eliminación de la cuestionada Comisión de Acusación de la Cámara, que fue otra de sus banderas. El lío es que la tesis de la sustitución de la Constitución es el centro de una demanda del exfiscal Eduardo Montealegre contra el Tribunal de Aforados, que reemplaza a la Comisión en la función de controlar a los altos magistrados y al Fiscal General.

Si la Corte en ese caso llega a eliminar el Tribunal –como en varios escenarios lo han pedido los magistrados de la Corte Suprema y el Consejo de Estado–, en la práctica la reforma del año pasado será inane. La Comisión de Acusación, en más de 40 años, solo ha llevado un caso ante el Senado: el de Jorge Pretelt, que ahora está en trámite.

El Tribunal de Aforados, en cambio, tiene dientes y elimina obstáculos de trámite que, en la práctica, blindaban con un manto de impunidad a magistrados y fiscales generales.

La ponencia en la demanda contra el Tribunal de Aforados la tiene el magistrado Alejandro Linares, quien le pedirá a sus colegas que mantengan a ese organismo. Linares fue el único de la Corte que estuvo a favor del fin de la Judicatura.

En el Congreso se empieza a hablar de constituyente

Desde el Congreso de la República se escucharon este miércoles varias voces inconformes con la decisión de la Corte Constitucional, pero que, a la vez, acataban el sentido del fallo.

El senador de ‘la U’ Armando Benedetti, quien fue coordinador ponente del proyecto de equilibrio de poderes, aseguró que la decisión del alto tribunal es una sustitución de las facultades del Legislativo. “Con este desequilibrio de poderes hay que empezar a hablar de una Constituyente, pero no para reparar los entuertos de la paz, sino para volver a equilibrar el Estado”, precisó.

Una opinión similar tuvo el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, quien dijo que este tipo de fallos son como una señal para que el Congreso no legisle sobre ciertos temas judiciales. “Según el criterio de la Corte Constitucional, el Congreso no puede tramitar ni aprobar ninguna reforma en materia de justicia”, aseguró.

El presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, advirtió que esta decisión golpea directamente el funcionamiento del Congreso y a pesar de que se respeta y acata la decisión, a su juicio queda un mal precedente. “Es un mensaje de la rama judicial, muy claro, diciendo que el Congreso no puede meterse en nada que tenga que ver con la administración de los recursos de la Justicia”, enfatizó. Y la senadora Claudia López, de la Alianza Verde, fue más allá y precisó que este fallo “declaró a la rama judicial intocable, y a sus magistrados, inmodificables”.

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