Fármacos: primero la gente

Fármacos: primero la gente

Se requiere de un Estado sólido que enfile los intereses a favor de la población y no del mercado.

28 de mayo de 2016, 02:54 am

Que la gente pueda acceder a los medicamentos que necesita debe ser un principio inamovible de todos los sistemas de salud que se respeten, y mucho más en aquellos que, como el colombiano, conciben la salud como un derecho fundamental.

Sin embargo, este axioma no puede ser a cualquier precio, y menos cuando la posibilidad de garantizarlo se hace bajo las reglas que imponen a ultranza los fabricantes y a expensas del dinero de todos. De ahí que se requiera del papel regulador de un Estado sólido para alinear todos los intereses a favor de la población y no del mercado. Y en ese sentido, en armonía con la Ley Estatutaria de Salud y en torno al eje del derecho, ha actuado este gobierno en cabeza del ministro Alejandro Gaviria. Prueba de esto son la Política Farmacéutica Nacional, el aumento progresivo de fármacos en los planes de beneficios y el trascendental control de precios, que hoy es referente mundial.

Pero el rubro creciente de los medicamentos –que ya bordea los nueve billones de pesos– no es infinito, por lo que también le corresponde al jefe de la cartera velar por protegerlos, siempre pensando en la gente.

Lograrlo requiere echar mano de todas las opciones que brinda la ley, como las importaciones paralelas o las licencias obligatorias. Se trata de herramientas aceptadas internacionalmente y no de atentados a la propiedad intelectual o de una granada de mano contra las relaciones comerciales entre Estados. El debate entre el Ministro de Salud y la farmacéutica Novartis frente a la potencial declaratoria del Imatinib (Glivec), una molécula usada para tratar la leucemia, como un medicamento de interés público, se enmarca en este contexto. De ocurrir, el laboratorio perdería la exclusividad para fabricarlo, lo que reduciría su precio. Se cumpliría así con el objetivo fundamental de hacerlo más accesible para la población.

El país está más que maduro para tomar la decisión, y con argumentos. No solo se actuaría en el sentido correcto, sino que se sentaría un valioso precedente para futuras negociaciones, en las que todos tendrían que entender que los intereses particulares tienen que ceder frente a los derechos de las personas.

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