Las razones de la Corte para devolver emblemática hacienda Bellacruz

Las razones de la Corte para devolver emblemática hacienda Bellacruz

En 1994 se concluyó que eran tierras baldías y el Estado se comprometió a darlas a campesinos.

Las razones de la Corte para devolver emblemática hacienda Bellacruz
28 de mayo de 2016, 01:25 am

La Corte Constitucional decretó hace dos semanas que casi 2.000 hectáreas de la emblemática hacienda Bellacruz, donde en 1996 se inició un violento desplazamiento, son baldíos, y ordenó quitárselos a los palmicultores que tienen títulos.

La Corte también ordenó a la Agencia Nacional de Tierras iniciar el proceso para dividir esas tierras y adjudicarlas a los campesinos de la Asociación Colombiana Horizonte de Población Desplazada (Asocol).

Uno de los principales argumentos del alto tribunal es que desde los 80 los campesinos comenzaron a invadir estos predios, que en 1994 fueron reconocidos como baldíos y que en esa época el Estado se comprometió a adjudicárselos.

La Corte dice que como el Estado ya había concluido que siete predios de Bellacruz no eran de la familia del exembajador Carlos Arturo Marulanda, sino que se trataban de baldíos, y que el registro que indica que la propiedad era de su empresa, M. R. Inversiones Ltda., “no tiene ningún efecto sobre la titularidad estatal sobre los predios”, pues, según el fallo, “el registro cumple únicamente una función de publicidad y no de tradición”.

Así fue como la Corte ordenó anular los títulos de propiedad que tiene Dolce Vista, cuyo principal accionista es el empresario Germán Efromovich, dueño de Avianca, que les compró a los Marulanda hace 6 años. (Además: Incoder revoca decisión que declaraba baldía hacienda en el Cesar)

La Corte también dejó sin validez dos resoluciones del Incoder del 2015, mediante las cuales se decidió que esas tierras no eran baldíos y pertenecían a los empresarios. Incluso, la Corte no le dio validez al argumento que rindió el Incoder el año pasado, en el que alegó que no se podía recuperar esa propiedad por los cambios que han sufrido sus linderos en más de dos décadas. Esto, para la Corte, “legitimaría la conducta de transformar los bienes con el fin de ocultar su carácter baldío”.

Y aunque los hechos ocurrieron hace 26 años, y la tutela solo fue presentada en el 2011, la Corte afirmó que ese recurso es válido por tratarse de “personas en situación de desplazamiento y por el riesgo excesivo que se generaba”. El fallo recordó que la tutela llegó seis meses después de que M. R. Inversiones le vendió las acciones a la sociedad panameña Dolce Vista Estate.

El camino a Bellacruz

En el fallo de tutela, la Corte recordó que hacia finales de los 80 un grupo de familias campesinas del Cesar ocuparon temporalmente distintos predios de la hacienda, que está ubicada entre La Gloria, Pelaya y Tamalameque, y que después de que se asentaran tuvieron que hacerle frente a varios procesos policivos.

En ese momento, el extinto Incora “inició un proceso de negociación para la compra de algunos predios de la hacienda con la empresa M. R. Inversiones Ltda.”, con el fin de adjudicarlos a los campesinos. Sin embargo, las negociaciones fueron suspendidas luego de que la Procuraduría advirtió que varios de esos predios eran baldíos y no les pertenecían a los Marulanda.

Fue así como el Incora inició en junio de 1990 un proceso para esclarecer de quién era la propiedad. El proceso terminó en 1994, cuando se estableció que 7.500 hectáreas eran de propiedad privada y otros siete predios –que comprendían 1.500 hectáreas– eran baldíos. Tras esa decisión, la familia Marulanda emprendió una serie de acciones judiciales para recuperar esos predios, pero ninguna prosperó a su favor.

A pesar de los obstáculos, los campesinos iniciaron un proceso con el Incora y los ministerios del Interior y de Agricultura para la adjudicación de los baldíos. Dos años más tarde, en 1996, tuvieron que salir de las tierras después de ser desplazados por las autodefensas.

En medio del proceso de Justicia y Paz, exjefes paramilitares han dicho que detrás de la orden de sacar a los campesinos estuvo la familia Marulanda. La Corte aseguró que con los campesinos lejos del predio y los paramilitares amenazando a funcionarios del Incora que intentaban hacer levantamientos topográficos para distribuir las parcelas, el proceso de adjudicación a Asocol nunca terminó.

JUSTICIA