Nuevo Minjusticia no acepta usar glifosato bajo ninguna modalidad

Nuevo Minjusticia no acepta usar glifosato bajo ninguna modalidad

'Con base en el principio de prevención preferiría que no se diera este tipo de fumigación', dijo.

notitle
04 de mayo 2016 , 09:17 p.m.

La posesión este miércoles del nuevo ministro de Justicia, Jorge Londoño, coincidió con la decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) de oficializar la continuidad del uso del glifosato para erradicar cultivos de coca desde tierra.

En entrevista con EL TIEMPO, Londoño asegura que, como ambientalista, no está de acuerdo con el uso del herbicida, ni siquiera de manera manual, en la pelea contra los narcocultivos. Aun así, admite que la decisión mayoritaria en el CNE es clara y dice que se cumplirá tomando todas las precauciones. (Lea: En seis meses comenzará fumigación terrestre con glifosato)

¿Va a mantener la línea de su antecesor, Yesid Reyes, de apertura en el tema de la lucha contra las drogas y el consumo?

El enfoque de derechos humanos en esa materia me parece muy importante, y nosotros obviamente continuaremos en esa línea. Siempre he creído que hay que construir sobre lo ya construido.

Usted llega al Ministerio de Justicia justo cuando el Consejo Nacional de Estupefacientes le da luz verde a la decisión de seguir usando glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos. ¿Comparte esa decisión?

Como ambientalista no estoy de acuerdo con el uso del glifosato, ni por aspersión ni por fumigación manual. Me parece que existen estudios de lado y lado. Hay algunos del Mindefensa y del Minambiente que demuestran que la fumigación con glifosato por métodos manuales no es tan perjudicial. Sin embargo, yo tengo reservas, y con base en el principio de prevención preferiría que no se diera este tipo de fumigación. Pero las decisiones se deben tomar por mayoría, y nosotros dejaremos consignada nuestra posición al respecto.

Vamos a otra de las papas calientes que va a enfrentar. ¿Qué va a hacer con el hacinamiento carcelario?

Es un problema del país y es vergonzoso para nuestra generación. Si de algo vamos a ser culpables y de algo se van a aterrar las futuras generaciones, es de cómo vivían los reclusos en nuestras cárceles. Sin embargo, yo creo que en algo se ha avanzado. Según las estadísticas, en el 2010 se necesitaban, para resolver el problema de hacinamiento, 19.000 cupos, y se construyeron 16.000 cupos. El problema es que del 2010 hasta hoy hubo 49.000 nuevos internos. Desde 1993 al 2014, la capacidad de infraestructura carcelaria aumentó en el 163 por ciento, pero el número de quienes fueron a prisión creció en el 315 por ciento. Uno nota que ese problema es casi imposible de resolver si continuamos asumiéndolo de la misma manera, únicamente construyendo más cupos. Por eso nos parece que el esfuerzo que se hizo para la racionalización de la detención preventiva, si ella se hace de una manera gradual iniciando por delitos menores, va a servir. Debe existir una política criminal racional y coherente que evite el populismo punitivo. Los colombianos creemos que todo se soluciona subiendo las penas o llevando la gente a la cárcel. De pronto, eso que digo es muy impopular, pero creo que hay que explorar otras alternativas.

El año pasado, el Gobierno impulsó una ley para racionalizar la detención preventiva y hoy tramita de urgencia otro proyecto, para aplazar la vigencia de esa ley. ¿Cómo convencer a la opinión pública de que iniciativas como la ley del 2015 que racionaliza la detención preventiva no abren boquetes que terminan beneficiando a los delincuentes?

Yo preferiría mirar muy bien el proyecto, auscultarlo, rumiarlo antes de emitir un concepto. Hay muchas otras formas alternativas a la reclusión. El brazalete, la prohibición de salir del municipio o del país, la detención domiciliaria… Y creo que ese es el gran reto que exige una muy buena dosis de imaginación y una muy buena conversación con expertos en el tema, y esa será nuestra misión en el Ministerio.

Usted se encuentra con una reforma, la del equilibrio de poderes, que no le cayó muy bien a las cortes y que está varada por medidas cautelares en el Consejo de Estado. ¿Qué va a hacer para que esa reforma despegue?

El equilibrio de poderes era algo que necesitaba el país y que después de muchas discusiones pudo concretarse de alguna manera. Ahora nos corresponde tramitar las respectivas leyes estatutarias para que esa reforma pueda tener un final concreto. Cuando se hace cualquier reforma y, sobre todo, cuando tiene que ver con los poderes públicos, siempre se causa algún traumatismo. Pero nos parece que la reforma era necesaria, y ya nos corresponderá, si el trámite lo permite, conversar con las altas cortes sobre el tema. Yo quiero rescatar que ese acto legislativo mantiene la independencia de la Rama Judicial y fortalece la administración eficiente de los recursos, que fueron los principios fundamentales para su trámite.

JUSTICIA