La irresponsabilidad del Estado: caso petrolero en La Macarena

La irresponsabilidad del Estado: caso petrolero en La Macarena

Se ha vuelto una manía la improvisación del Gobierno en muchos de sus frentes.

La irresponsabilidad del Estado: caso petrolero en La Macarena
21 de abril de 2016, 01:34 am

Se ha vuelto una manía la improvisación del Estado en muchos de sus frentes. La minería legal y la explotación de petróleo en nuestro país ha sido satanizada y esto está llegando a situaciones insostenibles desde la perspectiva de la seguridad jurídica. Debe recordarse que el pesado costo de nuestro Estado social de derecho tiene que ser financiado por alguna actividad y por ahora, como ha sido nuestra costumbre histórica, no sabemos hacer otra cosa que extraer y usar los recursos que tenemos a la mano.

Desgraciadamente, el país no supo aprovechar la bonanza para crear una fuerte institucionalidad y cayó en lo que el profesor Jared Diamond denominó, en su reciente libro 'Sociedades comparadas' (Debate, 2015), “la maldición de los recursos naturales” sin diversificar la producción, fortalecer la industria nacional y pensar un país con economías creativas (economía naranja).

El caso es que de nuevo la administración cae en una penosa vergüenza por la ambigüedad e improvisación con que la Anla (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) otorgó la licencia ambiental de exploración de hidrocarburos a Hupecol Operating, en La Macarena.

Lo absurdo del asunto es que esa institución pública explicó, a través de su director Fernando Iregui, que la autorización de exploración de 150 pozos en 15 locaciones a 68 kilómetros del parque de La Macarena se hizo luego de cuatro años y nueve meses de estudio. Hasta ahí la historia quedaba clara. Días después, el mismo funcionario, ante el justo escándalo dado en la opinión pública, se retractó diciendo que la licencia había sido revocada, porque el medioambiente estaba en juego.

La excusa que entregó Iregui para reversar la medida fue que apareció una nueva resolución de Cormacarena (2585) del 30 de diciembre de 2015, conocida solo hasta la semana anterior por la Anla, en la cual se prohíbe cualquier tipo de actividad de hidrocarburos en la zona. Sobra recordar que los documentos existían antes del otorgamiento de la licencia ambiental. Eso es lo que Iregui llama ´hechos sobrevinientes´. Insólita salida legal que lo ´sobreviniente´ sean documentos anteriores al acto administrativo de otorgamiento de la licencia.

Es cierto que para los colombianos existen reservas naturales que deben ser preservadas, sobre eso no debe caber duda alguna. De hecho, en los últimos días hemos escuchado voces respetables como la de Julia Miranda, directora de Parques Nacionales, y Luz Marina Montilla, directora del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), sobre la necesidad de protección de los parques y de las reservas naturales en el país y la inconveniencia de mezclar petróleo y minería en La Macarena. Sin embargo, son voces que, durante los cuatro años y medio que duró el proceso administrativo, nadie advirtió en la Anla ni en el Ministerio de Medio Ambiente.

Ni el Ministro de esa cartera, ni el Presidente de la República se preguntan por qué el Estado que dirigen parece fragmentado en posturas ideológicas diversas frente a los temas más álgidos del país. Un funcionario otorga una licencia y posteriormente el mismo funcionario, ante el escándalo en la opinión pública, echa para atrás la decisión.

Para la galería está bien. Salvamos al país, dicen unos; reversamos una decisión que salva nuestra naturaleza, dicen otros. Sin embargo, el asunto no es tan folclórico. La responsabilidad patrimonial del Estado que se está engendrando es enorme por la evidente ligereza al momento de tomar decisiones. Las indemnizaciones se vendrán como cascadas y el presupuesto del posconflicto se irá en demandas de las empresas privadas que han recibido licencias para operar en ciertos territorios y que por razones de coyuntura son revocadas o suspendidas.

Además los escenarios jurídicos existen. Por un lado, tribunales de arbitramento que surgen de las cláusulas compromisorias de los contratos suscritos y, por el otro, mecanismos de solución de controversias establecidas a través de los tratados de libre comercio que nuestro país suscribió con una pluralidad de naciones. Según información recogida en el diario Portafolio (18-04-2016), la empresa Hupecol ha invertido 1 millón de dólares en el estudio de impacto ambiental y 4,6 millones de dólares en la sísmica.

En algunos casos, ya existen demandas contra el Estado (Tobie Mining y Eco Oro Minerals) por la sentencia de la Corte Constitucional C-035 de 2016, que declaró la inconstitucionalidad del artículo 173 del Plan Nacional de Desarrollo que protegía proyectos mineros con licencias y contratos suscritos antes del 9 de febrero de 2010, y de hidrocarburos, antes del 16 de junio de 2011 en zonas de páramos. La protección de la Corte puso en juego derechos adquiridos al no ponderar la decisión.

Seguramente de continuar así, con fallos judiciales sin proporcionalidad alguna por parte de la Corte Constitucional y con una grave cacofonía gubernamental, se producirá una avalancha judicial que pondrá en juego nuestro magro futuro fiscal del posconflicto.

La ciudadanía merece responsabilidad, planeación y respeto de la administración pública y de sus servidores. Improvisaciones de este nivel comprometen nuestro futuro con millonarias demandas que tendrán que pagar las nuevas generaciones con impuestos. Seriedad, por favor, seriedad.


Francisco Barbosa