Así se roban la comida de los niños en siete departamentos del país

Así se roban la comida de los niños en siete departamentos del país

Pérdidas suman $ 12.745 millones. Ocho de cada diez contratos se entregan a dedo, según Contraloría.

Así se roban la comida de los niños en siete departamentos del país
17 de abril de 2016, 01:18 am

En los últimos 13 años, la Fundación Acción Social Integral, conocida por los indignantes refrigerios de huevo duro y tajada de mango para los estudiantes del colegio Sagrado Corazón de Jesús de Aguachica (Cesar), ha cambiado cuatro veces de nombre.

El 7 de noviembre del 2003 fue creada en la Cámara de Comercio de Valledupar como Fundación Pueblo Bello en Nuestro Corazón. Cuatro años más tarde, el 20 de marzo del 2007, se convirtió en la Fundación Pa' Todo el Mundo. El 25 de octubre del 2011 se transformó en la Fundación Kábala, y en el último año, después de que la denunciaron por irregularidades en la entrega de alimentos en Bolívar, mutó a su nombre actual.

Esta fundación, que había sido vetada por el Ministerio de Educación el año pasado por incumplir con la cantidad y calidad de alimentos que reciben miles de niños en Bolívar, y porque en el Cesar supuestamente venía cobrando por cada refrigerio hasta 2.000 pesos más de lo que realmente costaban, es una de las frecuentes ganadoras de millonarios contratos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), a pesar de los cuestionamientos.

Una minuciosa auditoría de 800 páginas desarrollada en siete departamentos de la Costa, la región más afectada por la corrupción en contratos de alimentos, estableció que entre el 2014 y el 2015 se perdieron al menos 12.745 millones de pesos del Sistema General de Participaciones (SGP), recursos que debían ser destinados para los desayunos y almuerzos de los niños más pobres de esas regiones.

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Los líos se relacionan con la mala calidad de los operadores. Entre ellos hay algunos que tras ser cuestionados cambian de razón social para seguir quedándose con contratos del PAE, programa que opera en unos 36.000 colegios y escuelas rurales y que este año tiene como presupuesto 423.000 millones de pesos para atender por lo menos a 4 millones de escolares.

La Contraloría evidenció que el 78 por ciento de estos negocios en la Costa se hicieron a dedo, sin pasar por una licitación. Por eso, la Defensoría del Pueblo denunció el año pasado irregularidades en tres departamentos en los que varias de las firmas salpicadas inexplicablemente repitieron contrato. “El programa se ha pervertido porque muchos actores políticos están usando estos recursos públicos para obtener beneficios o pagar favores”, dice Édgar Gómez, defensor delegado (e) para la infancia.

En los 212 contratos que revisó la Contraloría y en las visitas que hizo a 143 colegios de la Costa encontró 210 irregularidades. Por ejemplo, que aunque los operadores reportaban en las minutas que habían entregado la totalidad de raciones y cobraban por esta cantidad, en realidad solo estaban repartiendo la mitad, aun a costa de que cientos de niños se quedaran sin comida. En La Guajira, departamento en el que se detectaron mayores pérdidas en estos dos años (3.757 millones de pesos), uno de los contratistas que se viene quedando con estos negocios es Corazón País, que ha cambiado de nombre por lo menos tres veces.

Al visitar varios colegios del departamento, investigadores encontraron que a los niños de Maicao les estaban dando una ración de carne que no correspondía a la del contrato; que, en Uribia, los alimentos se preparan en el suelo, sin las menores condiciones de asepsia, y que en San Juan del Cesar el menaje usado incluía decenas de cucharas y platos corroídos por el óxido.

(También: Los líos con programas de comida escolar ya llegan a 5 departamentos)

En Magdalena, donde se registran pérdidas por más de 3.303 millones de pesos, se encontraron casos como el de una escuela de Aracataca en la que, en lugar del pollo por el que se pagó, les daban de almuerzo a los niños las arepas que sobraban del desayuno.

Fuentes del órgano de control llaman la atención porque contratistas que han sido cuestionados por presuntos incumplimientos, como Asoalimentarce y la Corporación Gestión Social Integral de Recurso Humano (que está explicando un presunto detrimento de 1.000 millones de pesos), siguen ganándose millonarios negocios.

Por todas estas irregularidades, la Fiscalía ha capturado en los últimos meses a por lo menos 26 personas. Entre ellas, al alcalde de Aguachica (Cesar), Henry Alí Montes, enviado a prisión por entregarle un contrato a dedo a la Fundación Provenir, sin tener en cuenta a otro oferente. Esta es la misma fundación del escándalo del video en el que los estudiantes del Sagrado Corazón de Jesús pasaban en fila para una foto con una ración de comida diferente a la que realmente recibían. Es el mismo colegio de los refrigerios de huevo con mango que entregaba la Fundación Acción Social Integral, el otro proveedor de alimentos.

Tras la cancelación del contrato con Provenir, en Cesar hay incertidumbre sobre lo que va a suceder con la alimentación de los niños. Esto porque la Fundación Acción Social Integral, que pertenece a una poderosa familia de la región, anunció que no seguirá con el negocio por las “graves falencias en infraestructura y dotación” de los colegios, y por “el desequilibrio generado en la información por parte de los medios de comunicación”.

La Fiscalía investiga otros casos en Magdalena Medio, Amazonas, Atlántico, Casanare y La Guajira. El 14 de abril pasado, por ejemplo, se ordenó la captura de seis personas de ese departamento, entre ellas una supervisora de Bienestar Familiar, por desviar recursos de los alimentos con irregularidades que iban desde inventarse estudiantes para cobrar por raciones que nunca fueron entregadas, hasta la creación de empresas fachada con las que lograron contratos de más de 4.400 millones de pesos.

Esa misma modalidad fue detectada en Casanare, en donde la Fiscalía capturó hace tres meses a William Arturo Silva Mesa, contratista del ICBF que, valiéndose de su cargo, falsificaba las minutas de los alimentos para reportar “un número mayor de niños alimentantes de los que en realidad existían”.

Y, en Atlántico, la Fiscalía capturó en marzo a 12 personas por robarse la plata de la comida de 1.200 niños. “Hubo sobrecostos en los refrigerios y mercados, y pagos de cánones de arrendamiento que no hacían parte del objeto del contrato”, asegura el ente acusador.

Negocios sin control

De los contratos revisados por la Contraloría, solo en 35 hubo una licitación, pero de ese total, en 28 hubo un único oferente que necesariamente no era óptimo. Y hay denuncias por todo el país. La Secretaría de Transparencia hoy tiene la lupa en una licitación en Pereira que fue declarada desierta, razón por la cual la alimentación de 15.000 niños se contratará de manera abreviada.

Además de los problemas de corrupción, en el PAE persisten las fallas administrativas. “Se identificaron situaciones donde niños en condición de vulnerabilidad no recibían servicio de alimentación escolar. Así mismo, se determinó que existen instituciones educativas en las que prestan servicio dos o más operadores y otras donde no hay ninguno”, asegura la auditoría.

(Lea aquí: Denuncian serias fallas en programa de alimentación escolar en Cesar)

La Procuraduría, que en diciembre le entregó al Ministerio de Educación un informe de 86 páginas, asegura que a pesar de que esa cartera ha denunciado varios casos y abrió un correo para que ciudadanos envíen quejas, “son medidas tardías porque son posteriores a la conducta reprochable, es decir, ocurren después de que se ha consumado el delito”. Para la Procuraduría, el problema radica en que una vez el Ministerio gira a los entes territoriales los recursos, “se pierde el control sobre estos y no habría forma de verificar el uso que se les dio, ni la forma como se contrataron los operadores”.

MILENA SARRALDE DUQUE
Periodista de EL TIEMPO