Enfermos mentales pueden autorizar su vasectomía o ligadura de trompas

Enfermos mentales pueden autorizar su vasectomía o ligadura de trompas

Consentimiento de un tercero solo es necesario cuando pacientes no pueden manifestar su voluntad.

Enfermos mentales pueden autorizar su vasectomía o ligadura de trompas
14 de abril de 2016, 01:26 am

La Sala Plena de la Corte Constitucional estableció que los discapacitados mentales también pueden acceder a los procedimientos gratuitos de ligadura de trompas o vasectomía de manera autónoma, siempre y cuando se compruebe que están en la capacidad de tomar una decisión voluntaria.

Esta decisión se dio al resolver una demanda contra el artículo 6 de la ley 1412 del 2010. Dicha norma estableció que en el caso de personas con discapacidad mental, "la solicitud y el consentimiento (para acceder a los tratamientos mencionados) serán suscritos por el respectivo representante legal, previa autorización judicial".

Si bien la corte declaró exequible dicha norma, aclarando que se debe respetar la autonomía reproductiva de las personas "declaradas en interdicción por demencia profunda y severa", y que el consentimiento sustituto, es decir, la autorización que debe dar un tercero para que puedan acceder a las esterilizaciones quirúrgicas "tiene un carácter excepcional". 

Esto porque sólo será necesario el aval del representante legal del paciente con enfermedad mental en los casos exclusivamente en los casos "en los que la persona no pueda manifestar su voluntad libre e informada, una vez se hayan prestado todos los apoyos para que lo haga".

La Corte tomó esta decisión porque el demandante afirmaba que la norma que permite acceder de manera gratuita a estos procedimientos no hacía ninguna distinción entre los tipos de discapacidad mental que existen, lo que en la práctica estaba llevando a que enfermos mentales que sí podían tomar decisiones libres tuvieran que tener el permiso de un tercero para acceder a procedimientos de esterilización quirúrgica.

El demandante aseguró que se debía diferenciar entre quienes son discapacitados de manera absoluta, leve o moderada. De hecho, en el proceso el demandante citó jurisprudencia de la Corte en la que se dice que "no por el hecho de estar bajo interdicción debía afirmarse la incapacidad para discernir sobre lo que le es conveniente o no, pues no todas las enfermedades mentales anulan la consciencia del individuo y algunas permiten un cierto grado de razonamiento".

JUSTICIA