Corte admite posible vínculo laboral entre madres comunitarias e ICBF

Corte admite posible vínculo laboral entre madres comunitarias e ICBF

Según el alto tribunal, jueces pueden determinar que en estos casos hay un "contrato realidad".

Corte admite posible vínculo laboral entre madres comunitarias e ICBF
7 de abril de 2016, 01:20 am

Al resolver una tutela, la Corte Constitucional admitió la posibilidad de que entre las madres comunitarias y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) pueda existir un vínculo laboral.

La decisión se da en medio de un paro protagonizado por al menos 2.500 madres comunitarias de distintas zonas del país que piden mejores condiciones salariales, más recursos para la alimentación de los niños y la posbilidad de acceder a una pensión.

Según la Corte, a pesar de que la ley establece que la vinculación de las madres comunitarias “no implica una relación laboral con las asociaciones u organizaciones administradoras del mismo, ni con las entidades que en él participen”, esa norma no significa un obstáculo para que los jueces analicen lo que hoy se denomina como 'contratos realidad', y los decreten, según los casos que estudien.

Así, más allá de lo que dicen las normas, deberían primar las realidades de la relación entre empleado y empleador para establecer si hay un vínculo laboral.

Según el fallo, el artículo 53 de la Constitución "plasmó el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales”. Eso significa que para determinar si entre las partes existe o no una relación laboral "es pertinente orientarse por la situación fáctica concreta en que se desarrolló la labor y no por la regulación o denominación formal que estas le hayan otorgado al vínculo". 

Además, la Corte citó que el artículo 23 del Código del Trabajo establece los elementos esenciales de un contrato de trabajo y señala que toda relación contractual que reúna estas características "se presumirá regida por un contrato realidad de trabajo”.

El alto tribunal aseguró que los reclamos de las madres comunitarias pueden ser tramitados por una tutela -pese a que en anterior jurisprudencia se estableció que los contrato realidad se analizaban desde la jurisdicción contenciosa administrativa-.

Pese a estos argumentos, la tutela que estudió la Corte Constitucional fue negada porque, a juicio de los magistrados, la accionante no entregó las pruebas necesarias para estudiar si en su caso en particular se configuraban los elementos suficientes para decretar un contrato realidad o no.

JUSTICIA