Estado debe garantizar transporte escolar en las zonas apartadas

Estado debe garantizar transporte escolar en las zonas apartadas

Estudiantes tienen que buscar opciones para no caminar cinco horas hacia sus colegios.

Estado debe garantizar transporte escolar en las zonas apartadas
6 de abril de 2016, 03:15 am

La Corte Constitucional recordó que el Estado tiene el deber de garantizar que la educación sea accesible para todos los ciudadanos, tanto física como económicamente, y le ordenó a la Gobernación de Santander que garantice el transporte (ida y regreso) para que cuatro niños que viven en zona rural del departamento puedan ir al colegio.

La decisión se dio al revisar las tutelas que presentaron las madres de cuatro niños de entre 10 y 14 años que viven en tres veredas de Santander, y que a pesar de que terminaron el quinto de primaria no podían continuar sus estudios.
Los menores, que viven en las veredas Llanadas, Ganivita y El Carmen, en zona rural de Onzaga (Santander), terminaron quinto de primaria pero no podían asistir al bachillerato. Esto porque la institución Nuestra Señora de Fátima, el colegio más cercano, queda a cinco horas caminando, en el casco urbano del municipio.

Como las familias de los niños son campesinas y no tienen recursos para pagar el transporte, afirmaron en la tutela que los derechos de sus hijos se están viendo vulnerados. Además, el Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT) que está disponible en la zona solo recibe a niños mayores de 15 años.

En la sentencia, la Corte le ordenó a la Gobernación de Santander garantizar el transporte (ida y regreso) para que los cuatro niños puedan ir al colegio.

El fallo, con ponencia del magistrado Alberto Rojas, concluye que “el derecho a una educación acarrea la obligación correlativa del Estado de adoptar medidas deliberadas y concretas orientadas a hacer la enseñanza accesible, tanto desde el punto de vista físico como económico; la omisión de este deber vulnera los derechos a la educación y a la igualdad de oportunidades”.

Si bien para la Corte es razonable que los niños no puedan entrar al SAT porque ese programa fue contemplado para adultos que no pudieron acceder a la educación a temprana edad y su énfasis tiene un componente laboral, estableció que la Gobernación y la Secretaría sí vulneran los derechos de los niños al no darles transporte para que la educación en el casco urbano sea accesible.

La Corte también ordenó que la Secretaría de Educación de Santander “disponga de un programa de nivelación académica que garantice el acceso a los menores al año lectivo que corresponda en condiciones de igualdad”.

“La jurisprudencia Constitucional ha señalado que recae sobre el Estado la obligación de propender por la protección del derecho a la educación, por cuanto está permite el desarrollo de las capacidades no solo intelectuales, sino culturales y formativas del ser humano con el fin de mejorar las alternativas de vida de las personas”, dice la sentencia.

El fallo de la Corte recuerda al menos otras cuatro tutelas en los que ha fallado de manera similar. Los casos son del 2008, 2010, 2011 y 2013, en los que protegió los derechos a la educación, vida digna e integridad personal de varios niños de zonas rurales que debían realizar largos desplazamientos para llegar a sus escuelas o atravesar caminos peligrosos.

JUSTICIA